La cantante santiagueña ayer se mostró despreocupada en sus redes sociales tras haber sido acusada de utilizar el CUIT fiscal de al menos cinco gobernadores para realizar compras en el exterior.
La Justicia Federal de Tucumán notificó a su par de Buenos Aires sobre el expediente que involucra a la influencer santiagueña Valentina Olguín, imputada por el presunto delito de contrabando simulado. La causa se originó en 2022, a partir de una operatoria de importación de indumentaria desde Estados Unidos que, según la investigación preliminar, se habría realizado utilizando distintos domicilios fiscales, entre ellos, los pertenecientes a cinco gobernadores provinciales.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La maniobra, que comenzó con el uso del propio domicilio fiscal de la imputada, se habría extendido primero a direcciones de familiares y, posteriormente, a datos obtenidos mediante buscadores en línea, incluyendo domicilios vinculados a Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa), Marcelo Orrego (San Juan) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Estos hechos, cuya veracidad deberá ser dilucidada en el proceso judicial, revisten particular gravedad institucional, aunque por el momento solo se ha formalizado una imputación en la provincia de Tucumán.
Fuentes cercanas al expediente confirmaron que la figura penal atribuida es la de contrabando simulado, prevista en el Código Aduanero, con penas que oscilan entre los dos y los ocho años de prisión. No obstante, la defensa de Olguín, encabezada por la abogada Claudia Paz, proyecta solicitar la aplicación de una suspensión del juicio a prueba, o probation, mecanismo previsto por el ordenamiento penal que, de ser admitido, permitiría a la imputada evitar una condena mediante el cumplimiento de condiciones específicas durante un plazo determinado. El ofrecimiento sería formalizado en las próximas horas, en un intento por cerrar el proceso sin llegar a una condena, aunque su aceptación dependerá de la evaluación del fiscal y del juez federal.
El domicilio fiscal constituido es un dato obligatorio que todo contribuyente debe declarar ante los organismos tributarios y que tiene valor legal en notificaciones, declaraciones juradas y actuaciones administrativas. El uso indebido de esa información, incluso cuando se trata de funcionarios públicos, no implica per se un delito por parte del titular del domicilio, pero sí podría agravar la situación de quien lo haya empleado de forma fraudulenta para sortear controles aduaneros.
Te recomendamos: La cantante santiagueña Valentina Olguín, involucrada en un escándalo impositivo
Hasta el momento, las autoridades de otras jurisdicciones no han iniciado procesos paralelos, aunque no se descarta que, ante la magnitud del caso y la eventual presentación de nuevas pruebas, el expediente se amplíe a otras provincias. Las figuras de defraudación, evasión tributaria o uso de documentación falsa son posibilidades en análisis.
El caso permanece bajo la órbita del fiscal José Agustín Chit y del juez federal José Manuel Díaz Vélez, quienes deberán resolver si aceptan o no el planteo de la defensa. Mientras tanto, Olguín mantiene un estricto silencio ante la prensa, aunque continúa activa en sus redes sociales, donde conserva su rol público como figura de influencia digital.
Se trata de una causa que podría escalar a nivel federal y adquirir nuevas dimensiones, dependiendo del criterio que adopten los magistrados de las demás provincias presuntamente afectadas. Por ahora, la expectativa está centrada en lo que resuelva la Justicia tucumana en las próximas semanas.