Los menores usaban mascarillas y pañales. Estaban en habitaciones con basura acumulada, excrementos y sin condiciones mínimas de higiene.
Durante al menos cuatro años, tres menores permanecieron encerrados en una vivienda unifamiliar en las afueras de Oviedo sin ir al colegio, sin recibir atención médica ni tener contacto con el exterior. Sus únicos referentes eran sus padres y las habitaciones cerradas de la casa en la que vivían. Dos gemelos de ocho años y su hermano mayor, de diez, fueron localizados por la Policía Local en condiciones que han llevado a abrir una investigación judicial y a suspender la patria potestad de los progenitores.
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El caso se destapó tras la denuncia verbal de una vecina a los servicios sociales del Ayuntamiento de Oviedo, el pasado 14 de abril. A partir de ahí, se organizó un operativo de vigilancia que culminó el lunes siguiente con la entrada de los agentes en la vivienda. En el interior encontraron a los tres niños con mascarillas puestas y pañales, en estancias con basura acumulada, excrementos y sin condiciones mínimas de higiene. El lugar era, según fuentes de la investigación, un entorno cerrado, oscuro y desordenado, con presencia de numerosos productos farmacéuticos.
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Un chalet sin aparente actividad
La vivienda, un chalet alquilado en octubre de 2021, está ubicada en una zona rural del concejo ovetense. Desde el exterior, no presentaba señales de que en su interior viviesen menores ni de que se estuviera produciendo una situación irregular. Durante las dos semanas previas a la intervención, los agentes no detectaron apenas movimientos. Solo vieron al padre en ocasiones puntuales, recogiendo el correo o paquetes de comida encargados a grandes cadenas de distribución. No se observaban entradas ni salidas de los niños, ni visitas, ni ruido. La vivienda se mantenía, a ojos de los vecinos, completamente cerrada.
El padre, de nacionalidad alemana, tiene 53 años y era el único miembro de la familia empadronado en el domicilio. La madre, de 48 años, cuenta con doble nacionalidad alemana y estadounidense. Ninguno de los menores figuraba oficialmente como residente en el inmueble, lo que dificultó el seguimiento por parte de los servicios sociales y educativos.
Sin escolarización ni seguimiento médico
Los menores no estaban escolarizados ni inscritos en ningún centro educativo, algo que, según las autoridades, representa una grave omisión en su desarrollo. Tampoco consta que recibieran atención médica regular ni que participaran en actividades o servicios comunitarios. Se comunicaban entre ellos en inglés y, por el momento, no se ha podido determinar si recibieron algún tipo de educación dentro del hogar. Los investigadores tratan de averiguar si existía una estructura organizada en la vivienda que permitiera algún tipo de enseñanza informal o si, por el contrario, los menores crecieron completamente al margen de cualquier sistema educativo.
Uno de los elementos que más ha llamado la atención de los investigadores es la presencia constante de mascarillas en todos los miembros de la familia y la gran cantidad de medicamentos encontrados en la casa. Estos indicios han llevado a considerar la posibilidad de que el encierro estuviera relacionado con un temor extremo a la pandemia. Aun así, esta es solo una de las hipótesis. Por ahora, no hay una explicación clara sobre por qué la familia decidió aislarse por completo.
Intervención y tutela
Tras el operativo policial, los menores fueron trasladados a un centro de protección gestionado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, donde permanecen bajo tutela provisional. Equipos de psicólogos, trabajadores sociales y personal médico están evaluando su estado físico y emocional. El objetivo es determinar el impacto del aislamiento en su desarrollo y valorar posibles secuelas derivadas de la falta de estimulación social, afectiva y cognitiva.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, en funciones de guardia, ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del matrimonio detenido, a petición del Ministerio Fiscal. La juez ha acordado también la suspensión de la patria potestad y de la guarda y custodia, que pasan a ser asumidas por la administración autonómica.
Ambos progenitores prestaron declaración ante la magistrada con la asistencia de un intérprete. La Fiscalía considera que los hechos podrían ser constitutivos de varios delitos: detención ilegal, abandono de menores, violencia doméstica y maltrato psicológico habitual. Además, subraya que existe riesgo de fuga y que la prisión preventiva es necesaria para proteger a los menores.
A la espera del avance de la instrucción, la Guardia Civil ha asumido la investigación para esclarecer los hechos y determinar las motivaciones del encierro. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis.