El local funcionaba como bar bailable, pero encubría un sistema de explotación sexual. La Justicia dictó embargos millonarios y restricciones para los acusados.
La Justicia Federal procesó a nueve hombres acusados de integrar una red de trata y explotación sexual que operaba en el barrio porteño de Recoleta bajo la fachada de un boliche. Según la investigación, al menos 50 mujeres —entre ellas dos menores de edad— fueron víctimas del sistema.
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La medida fue dispuesta por el juez Sebastián Casanello, quien además ordenó embargos por 7.800 millones de pesos, la prohibición de salida del país para los imputados y la inhibición de bienes de la firma Gran Recoleta S.A., que administraba el local D’Lirio, ubicado frente al cementerio del barrio.
El lugar fue allanado el 9 de julio del año pasado, tras una investigación impulsada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Alejandra Mángano, con la colaboración de la PROTEX. Aunque funcionaba como un espacio nocturno exclusivo para hombres, en realidad operaba como un ámbito de explotación sexual clandestina.
De acuerdo con la causa, las mujeres eran captadas mediante redes sociales con propuestas engañosas para trabajar como “presencias” o acompañantes. Una vez dentro, debían interactuar con los clientes, incentivando el consumo de bebidas, bajo un sistema de control estricto y pagos bajos que oscilaban entre 7.000 y 20.000 pesos por noche.
Los testimonios recolectados revelaron además que muchas eran presionadas para mantener encuentros sexuales en hoteles cercanos, por montos en dólares, de los cuales una parte significativa quedaba en manos de los organizadores. El esquema incluía vigilancia permanente, control de horarios y sanciones económicas.
La investigación se inició a partir de una denuncia anónima realizada en 2022 a la línea 145, que alertaba sobre la existencia de un prostíbulo encubierto, con posibles casos de menores, venta de drogas y connivencia policial. Tras meses de tareas, el allanamiento permitió identificar a las víctimas y desarticular la estructura.
El expediente también determinó que D’Lirio era la continuidad de otro local previamente desbaratado por delitos similares, y que la organización contaba con roles definidos para el reclutamiento, administración y control de las mujeres.
El juez procesó a cinco de los acusados como coautores del delito de trata agravada, mientras que los otros cuatro fueron considerados partícipes necesarios. Si bien ninguno quedó detenido de manera preventiva, todos enfrentan restricciones judiciales y millonarios embargos.
Para Casanello, el lugar funcionó como un “prostíbulo encubierto” donde la vulnerabilidad de las víctimas fue aprovechada de manera sistemática con fines económicos.