El Ministerio de Economía pondrá a la venta, mediante una plataforma online, unas 17.000 unidades que nunca fueron adjudicadas del programa habitacional. Podrán participar personas de todo el país.
El Gobierno Nacional puso en marcha el procedimiento para la venta de viviendas y terrenos pertenecientes al disuelto Fondo Fiduciario Procrear, creado en 2012 y eliminado en 2024.
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La resolución 396/2025 del Ministerio de Economía establece que todas las operaciones deberán realizarse mediante subastas públicas electrónicas a través del sistema SUBAST.AR, la plataforma estatal administrada por la Secretaría de Obras Públicas.
El objetivo es disponer de manera ordenada de los activos acumulados por el programa durante más de una década y destinar los fondos a obligaciones pendientes.
La decisión se enmarca en el proceso de liquidación de los fideicomisos que dependían de la ex Secretaría de Vivienda, disuelta por decreto 70/2023, y en la estrategia oficial de trasladar la política habitacional a provincias, municipios y al sector privado.
El nuevo mecanismo prevé que cada venta se realice íntegramente en formato digital, bajo criterios de transparencia, trazabilidad y control público. Los bienes solo podrán ofrecerse mediante SUBAST.AR, que será el canal exclusivo para la presentación de ofertas, acreditación de documentación y seguimiento del proceso.
El precio base de cada inmueble será determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que evaluará las características, ubicación y estado de cada unidad. La convocatoria a subasta deberá publicarse con al menos 30 días de anticipación en el Boletín Oficial, en un diario de alcance nacional y en los sitios web oficiales y de la plataforma SUBAST.AR.
También se informará a cámaras inmobiliarias y colegios profesionales, y se colocarán carteles identificatorios en los frentes de las propiedades de ex Procrear. Durante el acto electrónico, los oferentes podrán seguir en tiempo real la evolución de las pujas. La adjudicación quedará definida cuando transcurran cinco minutos sin nuevas ofertas, momento en que el sistema confirmará automáticamente al mejor postor.
Los interesados deberán cumplir con las condiciones fijadas en los pliegos de cada convocatoria y presentar sus propuestas a través de los formularios electrónicos disponibles en la plataforma. Será obligatorio constituir domicilio legal y electrónico en la Argentina y presentar toda la documentación exigida por la autoridad organizadora.
Los oferentes deberán acreditar solvencia tributaria y previsional, presentar una declaración jurada sobre el origen lícito de los fondos y no estar comprendidos en las categorías de personas políticamente expuestas. Además, deberán pagar una garantía de participación, cuyo monto se establecerá para cada subasta, y cumplir con los requisitos administrativos antes de ofertar.
El acto de subasta se desarrollará en la fecha y hora indicadas en la convocatoria y se realizará íntegramente en formato virtual. En los pliegos se fijará el monto mínimo de incremento entre las ofertas. Si se detectan incumplimientos o se presenta un solo oferente idóneo, la Secretaría de Obras Públicas podrá declarar desierta la operación y devolver las señas, salvo que la falta provenga del participante, en cuyo caso se aplicará una retención como penalidad.
Una vez adjudicada la unidad, el comprador deberá abonar el 100% del valor junto con los costos de escrituración. La transferencia de dominio se efectuará ante la Escribanía General de Gobierno.
Las unidades corresponden a proyectos terminados en años previos, tanto casas como departamentos, con servicios básicos y conexiones ya instaladas.
Son propiedades destinadas a uso residencial familiar y ubicadas en barrios planificados con infraestructura comunitaria, espacios verdes y cercanía a zonas urbanas.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el Banco Hipotecario serán los organismos encargados de coordinar la oferta de viviendas habilitadas para la venta. Las primeras convocatorias incluirán desarrollos en distintas provincias y municipios donde el Procrear ejecutó obras entre 2012 y 2024.
En la mayoría de los casos se trata de unidades de dos o tres dormitorios, aunque la disponibilidad variará según el predio. Cada subasta indicará la ubicación exacta, superficie, precio base y condiciones específicas del inmueble.
El mecanismo exige una inscripción previa obligatoria en la plataforma de subastas de la AABE.
Según el Ministerio de Economía, la medida busca optimizar el patrimonio del Estado y garantizar eficiencia, transparencia y concurrencia de oferentes.
El texto oficial aclara que las ventas respetarán las condiciones originales del fideicomiso y que los ingresos obtenidos se destinarán a cubrir compromisos financieros pendientes.
En paralelo, el gobierno de Javier Milei avanza con la liquidación de programas habitacionales discontinuados y la transferencia de obras inconclusas a jurisdicciones locales. Actualmente, existen unas 17.000 viviendas del ex Procrear que permanecen sin terminar, muchas de ellas con un grado de avance superior al 80%.
Las provincias de Catamarca, Chubut, Corrientes, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán ya asumieron la finalización de varios de esos desarrollos.
En Buenos Aires, el gobierno provincial también retomó unas 3000 unidades en distintos municipios con financiamiento propio.
La resolución que indica la subasta de las viviendas Procrear no altera la situación de los adjudicatarios con créditos vigentes.
Quienes mantienen préstamos hipotecarios del Procrear continuarán bajo las condiciones pactadas originalmente.
El nuevo sistema afecta únicamente a las viviendas que no fueron asignadas o que quedaron sin uso tras la disolución del fondo fiduciario.
El Gobierno Nacional aclaró que la venta de estas propiedades no implica modificaciones en los contratos activos ni cambios en los programas de financiamiento previos.