Sean Grayson enfrenta hasta 20 años de prisión tras ser hallado culpable de matar a Sonya Massey de 36 años. Había llamado a la policía pidiendo auxilio.
Un jurado de Estados Unidos declaró este miércoles 29 de octubre culpable de asesinato en segundo grado al exoficial del condado de Sangamon, Sean Grayson, por el disparo fatal que mató a la ciudadana Sonya Massey dentro de su domicilio en Springfield, Illinois, en julio de 2024.
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La sentencia podría alcanzar hasta 20 años de prisión, pero la ley estatal permite que este tipo de condenas se cumplan en libertad condicional según el criterio del juez. El anuncio del tribunal ha sido recibido con atención nacional al tratarse de un caso en el que una mujer afroamericana desarmada murió tras requerir ayuda policial en su casa.
El jurado, tras deliberar varias horas, comunicó el veredicto cerca de las 14:00 y se lo leyó a las 14:28. Inicialmente, Grayson enfrentaba tres cargos de asesinato en primer grado, que podían implicar cadena perpetua. Finalmente, el tribunal desestimó esos cargos y optó por la modalidad de segundo grado, destinada a casos donde el acusado percibe una amenaza, aunque esa creencia resulte objetivamente irracional.
“La diferencia entre un veredicto de primer y segundo grado está en si el acusado actuaba en defensa propia de forma razonable o no”, explicó el analista legal de CBS News, Irv Miller. Miller señaló que el tribunal tuvo que determinar “si realmente pensó que su vida estaba en peligro o esa suposición era injustificable”.
Una llamada de auxilio que terminó en tragedia
El episodio inició cuando Massey, una mujer afroamericana de 36 años, llamó al 911 temiendo la presencia de un merodeador alrededor de su vivienda. A la llegada de Grayson y su compañero, Dawson Farley, la víctima abrió la puerta tras varios minutos y permitió la entrada de los agentes.
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Dentro de la casa, la interacción escaló cuando Massey se dirigió hacia la cocina y manipuló una olla con agua caliente. Según los registros judiciales, Grayson interpretó los gestos de Su víctima como erráticos.
“Dijo: ‘te reprendo en el nombre de Jesús’”, relató el acusado, quien afirmó sentir que esas palabras y la actitud de Massey representaban una amenaza. Grayson disparó poco después, ocasionando la muerte de Massey por un impacto de bala en el rostro.
Tras el disparo, según consta en las grabaciones presentadas en el tribunal, Grayson le dijo a su compañero: “ya está. Puedes ir, pero eso fue un disparo a la cabeza. No hay nada que se pueda hacer”. Posteriormente, mostró desinterés en asistir a la víctima mientras su compañero intentaba contener la hemorragia con toallas.
La actuación y las palabras de Grayson formaron parte del argumento fiscal, que subrayó un desprecio por el deber policial de proteger vidas.
“Nunca sentí miedo de Massey; temía era lo que iba a hacer Grayson”, testificó su compañero Farley, quien subrayó que solo desenfundó su pistola porque Grayson lo hizo primero. Farley tampoco disparó y afirmó ante el jurado que la víctima, que tenía antecedentes de problemas de salud mental, solo pedía: “no me hagan daño; por favor, Dios”.
Las grabaciones de la cámara corporal de Farley fueron pieza central del proceso. El dispositivo de Grayson, en cambio, permaneció desactivado durante gran parte del operativo y sólo se encendió minutos después del disparo.
Repercusiones y cambios legislativos
El fallecimiento de Massey generó una oleada de reacciones públicas y motivó reformas legales en Illinois, promovidas tanto por voces locales como por actores nacionales.
La familia de la víctima, representada por el abogado de derechos civiles Ben Crump, alcanzó un acuerdo extrajudicial por 10 millones de dólares con el condado. Paralelamente, el caso motivó modificaciones en la legislación estatal para exigir mayor transparencia acerca de los antecedentes laborales de los aspirantes a puestos en la fuerza pública.
La repercusión también impactó la estructura de la policía del condado. El sheriff que había contratado a Grayson se retiró antes de tiempo y el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación. El acuerdo federal resultante obligó al departamento de Sangamon a reforzar la capacitación en desescalada, incorporar profesionales de la salud mental en ciertas emergencias y sistematizar los datos sobre uso de la fuerza.
La audiencia de sentencia está prevista para el 29 de enero. El futuro de Grayson depende de la valoración judicial sobre si actuó bajo una percepción irracional, pero subjetivamente sincera, de peligro. Por su parte, la familia de Massey y organizaciones de derechos civiles señalaron que seguirán reclamando profundas reformas institucionales.