El ex presidente respondió durante dos horas ante el juez Casanello por su relación comercial con el broker Héctor Martínez Sosa. Negó irregularidades y pidió que declaren varios ex funcionarios.
El ex presidente Alberto Fernández amplió este miércoles su declaración indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la llamada causa de los seguros, donde se investiga una presunta red de contrataciones irregulares durante su gestión. Durante casi dos horas, el ex mandatario respondió preguntas, presentó documentación y explicó las facturas emitidas al broker Héctor Martínez Sosa, pareja de su histórica secretaria, entre 2010 y 2019.
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De acuerdo a un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Fernández le facturó a la empresa de Martínez Sosa un total de $4.257.000, siendo el año 2019 el de mayor volumen, con $1.422.000.
"Las facturas corresponden a informes sobre coyuntura política y económica que elaboraba para varios clientes", declaró Fernández, quien negó haber favorecido a Martínez Sosa o tener injerencia en su negocio. En su presentación, también aseguró que el decreto presidencial 823, que modificó el sistema de seguros, “no menciona brokers ni intermediarios”.
Fernández ya había sido indagado en noviembre de 2024, pero en ese momento la causa estaba en manos del juez Julián Ercolini. A diferencia de aquella oportunidad, esta vez respondió preguntas del juez y pidió que sean citados como testigos Vilma Ibarra, el ex canciller Juan Pablo Cafiero, el presidente del BCRA Miguel Pesce y el ex ministro de Economía Martín Guzmán.
Paralelamente, la Cámara Federal revocó ayer la inhibición de bienes que pesaba sobre Fernández y otras 50 personas y empresas involucradas en la investigación. En un fallo dividido, el tribunal consideró que no se justificaban las medidas cautelares sin una definición procesal clara.
El camarista Martín Irurzun argumentó que la decisión de inhibir los bienes “carece de la debida fundamentación”, mientras que su colega Eduardo Farah destacó que “no hay indicios de ocultamiento de bienes”. En disidencia, el juez Roberto Boico votó por mantener las restricciones.
La investigación se reactivó este año tras el traspaso del expediente al juez Casanello, quien ordenó revisar toda la documentación, pedir nuevas pruebas y seguir otras líneas, como el análisis patrimonial de Daniel “El Gordo” Rodríguez, ex administrador de la Quinta de Olivos, y persona de extrema confianza del ex presidente.
En el expediente figura también un extenso informe de la PROCELAC, de 662 páginas, que detalla la facturación de Fernández mientras estuvo fuera de la función pública y vincula sus servicios con otras empresas y hasta sindicatos.
Por ahora, la causa sigue sin definiciones concretas. Sin embargo, con las indagatorias ya realizadas y la presión judicial y política en aumento, se espera que en las próximas semanas el juez Casanello decida si procesa o sobresee a los imputados, en uno de los casos más sensibles que enfrenta el ex jefe de Estado.