El expediente que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante el gobierno anterior avanza hacia una etapa clave. La resolución podría conocerse en las próximas semanas.
La denominada causa de los Seguros, que tiene como principales imputados al expresidente Alberto Fernández y a su amigo personal y bróker de seguros Héctor Martínez Sosa, ingresó en una etapa de definiciones cruciales. Según confirmaron fuentes judiciales, el juez federal Sebastián Casanello prepara la resolución que determinará si los involucrados serán procesados o sobreseídos.
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“Tenemos todos los recursos enfocados a eso, pero es una causa compleja, con muchas aristas y mucha prueba que analizar”, dijo una fuente con acceso al expediente, quien anticipó que la decisión se conocería antes del inicio de la feria judicial de invierno.
La investigación cambió de manos en febrero, cuando venció la subrogancia del juez Julián Ercolini, quien estaba a punto de resolver la situación procesal de los acusados. Desde entonces, Casanello ordenó nuevas medidas de prueba, profundizó líneas de investigación y levantó el secreto fiscal de varios implicados.
Uno de los apuntados fue Daniel “El Gordo” Rodríguez, hombre de confianza de Fernández, quien residió en la Quinta de Olivos y usaba otra casa vinculada a Martínez Sosa. Su patrimonio está bajo análisis desde 2015 por pedido del juez.
Además, un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) reveló que el expresidente facturó más de $4.257.000 a la empresa de su amigo entre 2010 y 2019 por presuntos servicios de consultoría política. La última factura fue emitida cuatro días antes de asumir la presidencia.
A esto se suman las transferencias millonarias que la aseguradora San Cristóbal Seguros realizó a la cooperativa 7 de Mayo, sospechada de ser una pantalla para desviar fondos públicos. Solo entre 2022 y 2024, la PROCELAC detectó depósitos por $238 millones. Parte de ese dinero se usó para pagar plateas en River, comprar autos de lujo y hasta montar una birrería en Palermo.
La causa ya cuenta con medidas cautelares como la inhibición general de bienes de varios empresarios. Las defensas apelaron, pero aún no hay respuesta de la Cámara Federal. Esa demora alimentó versiones sobre procesamientos inminentes.
Mientras tanto, el expediente continúa creciendo con nuevas pruebas que podrían comprometer a exfuncionarios de Nación Seguros y otros actores del entramado económico que rodeó la operatoria estatal durante el último gobierno peronista.