Se trata de una medida largamente reclamada por víctimas y familiares tras más de 30 años sin condenas por el ataque que dejó 85 muertos y más de 150 heridos.
El Gobierno nacional respaldó con firmeza la resolución adoptada este jueves por el juez federal Daniel Rafecas, quien dispuso iniciar el juicio en ausencia contra los diez imputados por el atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires. El ataque, perpetrado hace casi 31 años, provocó 85 muertes y dejó más de 150 heridos, convirtiéndose en el peor acto terrorista en la historia argentina.
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La resolución judicial responde a un pedido de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA (UFI AMIA) y se basa en la reciente ley de juicio en ausencia, que habilita procesos penales sin la presencia física de los acusados, cuando estos han evadido de forma reiterada la Justicia.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, celebró la medida y afirmó: “Gracias a la ley de Juicio en Ausencia que impulsamos, la Justicia ahora tiene las herramientas para juzgar a los acusados por el atentado en la AMIA”.
En ese sentido, consideró que este paso permitirá juzgar a los terroristas iraníes y libaneses de Hezbollah prófugos, señalados por planificar y ejecutar el atentado.
Por su parte, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, subrayó que la ley constituye un precedente clave para evitar la impunidad en crímenes de lesa humanidad.
“La ley evita que los crímenes queden impunes y, finalmente, le está dando justicia a los familiares de las víctimas después de más de 30 años de espera”, expresó.
La decisión del juez Rafecas marca un cambio de rumbo histórico en la causa AMIA, ya que los principales sospechosos continúan prófugos y fuera del país, sin responder a los pedidos de extradición cursados por la Justicia argentina. El juicio en ausencia fue considerado durante años una deuda pendiente del Estado argentino frente a las víctimas.
La normativa permite que, en casos de incomparecencia injustificada, el proceso continúe con defensores oficiales designados y la producción de pruebas válidas para llegar a una sentencia, garantizando el derecho de defensa y el cumplimiento de los estándares del derecho internacional.
El fallo incluye la notificación internacional a través de canales diplomáticos y organismos de cooperación policial. Además, se avanzará con la citación formal de los acusados, audiencias públicas y la intervención activa de víctimas y familiares durante el proceso.
Desde el Ejecutivo, remarcaron que esta instancia responde al reclamo histórico de la sociedad y que se trata de una herramienta clave para fortalecer la política criminal argentina frente al terrorismo internacional.
“Cuando decimos que le damos herramientas a la Justicia para meter presos a los delincuentes, nos referimos a esto”, enfatizó Amerio.
La causa AMIA, que ha acumulado décadas de demoras, encubrimientos y frustraciones, podría tener por primera vez un avance concreto hacia el esclarecimiento de responsabilidades penales. Las organizaciones de víctimas, como Memoria Activa y Familiares y Amigos de las Víctimas, manifestaron su apoyo a la medida.
Autoridades judiciales anticiparon que la investigación continuará con medidas probatorias y colaboración internacional, con el objetivo de identificar con claridad la participación de cada imputado.