La Cámara Séptima del Crimen fijó el monto de las indemnizaciones civiles tras las condenas en el caso Brenda Agüero. Reconocieron a los bebés y sus padres como víctimas de violencia institucional.
Luego del fallo penal que determinó condenas y absoluciones para los 11 imputados en la causa por los ataques a recién nacidos en el Hospital Neonatal de Córdoba, la Justicia provincial definió los montos de las indemnizaciones civiles que deberán recibir las familias de las víctimas. El Gobierno de Córdoba fue condenado a pagar más de 600 millones de pesos, más intereses, en concepto de daño moral, psicológico, punitivo y patrimonial.
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El total de los reclamos ascendía a 1.300 millones de pesos, presentados a través de 16 demandas civiles que incluyeron pedidos por proyecto de vida, lucro cesante, incapacidad sobreviniente y pérdida de chance de asistencia económica en la vejez, según cada caso.
Si bien el fallo civil también responsabiliza a la enfermera Brenda Agüero —condenada penalmente— y a otros exfuncionarios, fuentes judiciales confirmaron que el Estado provincial absorberá la mayor parte del pago, al tratarse de obligaciones solidarias, en las que una de las partes puede afrontar la totalidad.
Los pagos deberán realizarse dentro de los 10 días hábiles una vez que la sentencia quede firme. Sin embargo, algunas familias apelarán el fallo, especialmente aquellas cuyos reclamos fueron rechazados, por lo que los montos aún no son definitivos.
Por otra parte, la actualización de los valores indemnizatorios se conocerá una vez que se difundan los fundamentos del fallo, previstos para después de la feria judicial de invierno.
Un punto clave del veredicto fue el reconocimiento formal de violencia institucional hacia los bebés y sus progenitores, lo que tuvo un impacto directo en las decisiones civiles. Esta calificación fue debatida durante el juicio y marca un antecedente relevante en materia de responsabilidad estatal.
El caso provocó una profunda conmoción social desde que se conocieron los primeros hechos en 2022, y puso en evidencia graves falencias en el control institucional y sanitario dentro del sistema público cordobés.