Tras la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema, el fiscal Diego Luciani exigirá que Cristina Kirchner, Lázaro Báez y los demás condenados devuelvan el dinero defraudado.
Luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad, se abre un nuevo capítulo judicial que podría derivar en la pérdida definitiva de una parte significativa del patrimonio de la familia de la expresidenta.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Según fuentes judiciales citadas por TN, el fiscal Diego Luciani pedirá la restitución de los fondos defraudados al Estado, bajo la amenaza de iniciar la ejecución patrimonial si no se concreta el pago en un plazo de 10 días hábiles.
La causa, que expuso un entramado de corrupción encabezado por Lázaro Báez, sostiene que se defraudaron cerca de 85 mil millones de pesos mediante adjudicaciones irregulares de obras viales, muchas de las cuales quedaron abandonadas, aunque fueron pagadas en su totalidad. De ese monto, una porción corresponde directamente a Cristina Kirchner.
En caso de no cumplir con la devolución, los bienes de la expresidenta serán embargados, incluyendo también aquellos que cedió a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
Entre los activos que podrían salir a remate se encuentran 27 propiedades, cinco cocheras en el edificio Madero Center y dos empresas familiares: Hotesur y Los Sauces, que agrupan hoteles y otros inmuebles. Además, se encuentran retenidos 4,6 millones de dólares pertenecientes a Florencia Kirchner y otro millón en una cuenta bancaria a su nombre.
Lázaro Báez enfrentará, por su parte, la ejecución de al menos 60 propiedades, ubicadas principalmente en el sur del país, como parte del proceso de resarcimiento económico.
La dimensión del fraude es tal que, de acuerdo a la acusación, el 50% de las obras viales adjudicadas fueron abandonadas, con avances de obra que en muchos casos no superaron el 36%, aunque Báez recibió el pago total de esos contratos.
El Estado exige que los condenados respondan con su patrimonio por el perjuicio ocasionado a las arcas públicas, una acción que permaneció estancada durante los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández.
En paralelo, esta semana también se conoció otro escándalo: José Ottavis, exdirigente de La Cámpora, fue denunciado por la creación de una asociación civil en Corrientes que recibió 11 mil millones de pesos para obras que no se realizaron. Como referencia, el monto reclamado en la causa Vialidad equivale a ocho veces esa cifra.