Les incautaron tres dispositivos: hallaron videos sobre zoofilia, personas descuartizadas y niños abusados por adultos. Resistencia al operativo policial.
Nueve meses después de ser apresado un ingeniero por presunto abuso de dos sobrinas, una de ellas abogada, ahora efectivos de la Dirección de Trata de Personas detuvieron ayer a su esposa y a uno de sus hijos, acusados de supuesta "producción, facilitación y distribución de pornografía infantil".
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Madre e hijo fueron privados de la libertad tras dos allanamientos en viviendas de calle Roca y en el barrio Islas Malvinas. Los operativos fueron timoneados por los fiscales, Yésica Lucas y Gustavo Rattier, en el edificio de calle Roca; y Érika Leguizamón y Florencia Torres Cianferoni, por el segundo lugar.
Los procedimientos han sido refrendados por el juez de Control y Garantías, Héctor Salomón, como desenlace de una nueva investigación iniciada en la segunda quincena de mayo pasado.
Según la causa, el mes pasado, expertos informáticos habrían descubierto en dispositivos del ingeniero Walter Costa Mayuli material de abuso sexual infantil.
La Fiscalía abrió un nuevo proceso, al establecer que el material desconocido, al parecer, tenía como presuntos consumidores, a la esposa y a un hijo del mencionado profesional que hoy está alojado en el Penal de Varones.
Los investigadores habrían hallado ayer en los allanamientos tres videos en mp4, con contenidos específicos: se trataría de zoofilia, personas asesinadas y descuartizadas, según fuentes judiciales y policiales.
Las mismas fuentes dijeron que además había videos de abusos sexuales de adultos a menores de 13 años. Y que en algunos casos, las víctimas serían niños de distintas etnias. En otro video, aparecería otro niño vejado y no descartaban anoche que se trataría de material grabado en nuestro país.
¿Cómo salieron los videos a la luz? Trascendió que los técnicos dieron con el sorpresivo hallazgo, al acceder a un "backup", una copia de seguridad y datos de un sistema informático. Se aplica para recuperar en caso de pérdida o daño, los datos originales.
Tratándose de un delito muy grave, Lucas instó al allanamiento y detención de madre e hijo. El trámite tuvo respuesta inmediata en el magistrado. Con la documentación y el rigor legal cumplido, la policía y los cuatro fiscales capitanearon ayer los allanamientos. Trascendió que la esposa del ingeniero habría ofrecido cierta resistencia y fue necesario el rigor policial femenino para dar cumplimiento a la orden de Salomón.
Ingeniero enfrenta cargos por supuestos cuatro ataques sexuales
El ingeniero Costa Mayuli fue alojado en el Penal de Varones, tras el dictado de la prisión preventiva, en noviembre del 2024.
La acusación indica que durante muchos años habría abusados de dos hermanas, hoy de más de 30 años. Además, fue denunciado de atacar sexualmente también a una amiga menor y la madre de las mujeres.
Los cargos dominantes son "abuso sexual con acceso carnal" y "abuso sexual simple". Las sobrinas del detenido relataron que las vejaciones se producían en diferentes domicilios, aprovechando la confianza de los adultos por el vínculo familiar.
El individuo intentó el arresto domiciliario, pero la Cámara de Apelaciones desestimó el recurso meses atrás. Aún así, la defensa recurrirá con nuevas presentaciones, en pos de buscar un nuevo análisis de su situación procesal, deslizaron los voceros.
Las indagatorias y defensa, tras la domiciliaria para la mujer
Los fiscales ahora delinearán los pasos a seguir, pero la prioridad son las indagatorias a los dos detenidos. Trascendió que el trámite se concretaría lunes o martes, ya que habría todo un proceso de trámite legal policial tal vez a terminarse mañana.
La mujer fue alojada anoche en un organismo policial especial y el destino de su hijo podría ser el Centro Único de Detenidos, confió un vocero.
Imputaciones
En esta jornada, la defensa será interiorizada de las imputaciones y nadie descarta que formule una presentación, resuelta en apurar el posible arresto domiciliario de la mujer.
Asimismo, también alegarían que el proceso debería ser concentrado solo en el joven, a quien tácitamente podría atribuirse el uso o empleo del dispositivo en pugna. Todo ello, pero pasando por el tamiz del juez Héctor Salomón.