Es por la pesificación de contratos de la represa Alicurá tras la salida de la convertibilidad. Estudian pedir la anulación del laudo o negociar alternativas para evitar un impacto fiscal inmediato.
El Gobierno analiza diversas estrategias legales y financieras para postergar el pago de US$716 millones a la empresa estadounidense AES Corporation, tras el fallo en contra de la Argentina por parte del Centro Internacional de Arreglo de Diferendos sobre Inversiones (CIADI). El conflicto se originó por la pesificación de los contratos de concesión de la represa Alicurá, una medida adoptada tras la crisis de 2001-2002.
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AES había reclamado US$1814 millones, argumentando que el país violó el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Estados Unidos, al modificar unilateralmente los términos contractuales, pasando los ingresos de la concesión de dólares a pesos, además de congelar las tarifas eléctricas por años. Con intereses, el reclamo podía superar los US$2500 millones, aunque el fallo actual fijó una cifra sustancialmente menor.
Desde la Casa Rosada admiten que no tienen previsto afrontar el pago en el corto plazo y buscarán dilatar la ejecución del fallo por vía judicial, a través de la Procuración del Tesoro, a cargo de Santiago Castro Videla. El camino que se considera más viable es solicitar la anulación del laudo, una herramienta contemplada por la convención del CIADI, que debe presentarse en un plazo de 120 días desde que se dictó el fallo.
Las causales de anulación incluyen irregularidades en la constitución del tribunal, extralimitación de facultades, vicios de procedimiento o incluso corrupción de alguno de los árbitros. Si se acepta el pedido, el CIADI debe formar una nueva comisión ad hoc para analizar el caso, y mientras tanto podría suspenderse provisionalmente la ejecución del pago.
En caso de que la vía judicial no prospere, el Ejecutivo buscaría negociar un esquema de pago progresivo. También se baraja la opción de compensar la deuda permitiéndole a AES continuar con la concesión de Alicurá sin exigirle el nuevo canon, si es que la empresa se presenta y gana la próxima licitación.
Este no es el único litigio internacional que enfrenta la Argentina. En mayo, el país fue condenado a pagar US$147 millones a la constructora Webuild por el congelamiento de peajes del puente Rosario-Victoria. Además, sigue abierto el proceso por el Cupón PBI, en el que la Corte Suprema del Reino Unido falló en contra del país, por un monto cercano a US$1500 millones.