Abogados debatieron en LO sobre la baja en la edad de imputabilidad: "El derecho debe dar respuestas a la sociedad"

En un profundo debate sobre el debate parlamentario que impulsa la baja en la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, los abogados penalistas Marcelo Castillo Gioja y Juan José Sain analizaron en Libertad de Opinión los alcances y limitaciones del proyecto que obtuvo dictamen favorable en la Cámara de Diputados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“El derecho debe dar respuestas”, sostuvo Castillo Gioja, quien recordó que el anteproyecto viene siendo discutido desde agosto del año pasado en diversas comisiones. Para el letrado, “han ocurrido casos de gran trascendencia”, como el de Kim Gómez, la niña arrastrada ocho cuadras por delincuentes menores de edad, que aceleraron el tratamiento legislativo.

Castillo subrayó que el actual régimen penal juvenil se basa en una ley de los años 80, desfasada del contexto actual: “En los años 80 yo tenía 14 años y jugaba con los autitos. Hoy los adolescentes están expuestos a muchísima más información, y ya pueden diferenciar el bien del mal”, expresó.

Por su parte, Juan José Sain coincidió en que el sistema vigente está desactualizado, pero advirtió que “la baja en la edad no resuelve el problema”.

“El solo número de artículos del proyecto –56 en total– habla de la improvisación de la política criminal. No se trata de una falla en la redacción de la ley, sino de que no hay una política clara del Estado”, indicó.

Ambos coincidieron en que la criminalidad juvenil se ve atravesada por factores estructurales como la droga y la desigualdad socioeducativa. Sain recalcó: “No es lo mismo aplicar la ley a un niño de una villa en Resistencia que a uno del club San Isidro en Buenos Aires. Las condiciones son distintas, y por lo tanto, la sanción también debe diferenciarse”.

Respecto al contenido del proyecto, Castillo Gioja explicó que no se trata solo de castigo, sino de un sistema integral que incluye medidas alternativas, seguimiento tutelar y la creación de la figura del supervisor: “No se va a encarcelar automáticamente a un menor de 14 años por cometer un delito. Para eso se contempla un tratamiento diferenciado, con herramientas judiciales y peritajes interdisciplinarios”.

Sin embargo, Sain volvió a poner énfasis en el rol preventivo del Estado: “Coincido con la Conferencia Episcopal: el problema no se soluciona solo con una ley. Hay que invertir en educación, en trabajo y en políticas públicas. No se puede legislar desde un enfoque unitario, ignorando las realidades del interior”.

En el cierre, Castillo recordó casos recientes ocurridos en Santiago del Estero y reafirmó la necesidad de dotar al Poder Judicial de herramientas para actuar con justicia: “Hay hechos graves que requieren respuestas claras. El juez debe tener todos los elementos para decidir si corresponde una pena, y hasta dónde llega esa pena”.

Ambos profesionales resaltaron también el valor del federalismo, destacando que provincias como Córdoba y Santiago ya implementan leyes provinciales que marcan caminos alternativos en el tratamiento de menores en conflicto con la ley penal.