La fuerza nacional desbarató una red de explotación en dos fincas del departamento de Malargüe. El operativo fue ordenado por la Justicia Federal y dejó a dos personas imputadas por el delito de trata de personas.
En un operativo de gran envergadura, Gendarmería Nacional rescató a 33 trabajadores rurales que eran sometidos a condiciones de explotación laboral en dos fincas ubicadas en el departamento de Malargüe, al sur de la provincia de Mendoza. Entre las víctimas había personas oriundas de Santiago del Estero, Salta y Jujuy, todas en situación de extrema vulnerabilidad.
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Los procedimientos se llevaron a cabo durante la última semana, en el marco de una causa por presunta trata de personas con fines de explotación laboral. La investigación fue impulsada por el Juzgado Federal de Garantías de San Rafael y contó con la intervención del Escuadrón 29 “Malargüe” de Gendarmería Nacional, con jurisdicción en todo el sur mendocino.
El primer allanamiento se realizó en una finca ubicada a cinco kilómetros de la ciudad de Malargüe, mientras que el segundo tuvo lugar en la zona rural de La Junta, a unos 27 kilómetros del centro. En ambos lugares, los efectivos constataron indicadores claros de explotación laboral: jornadas extenuantes, condiciones de vivienda precarias y ausencia de derechos laborales básicos.
Durante el operativo, se entrevistó a las 33 personas rescatadas —entre ellas, varias mujeres— con la intervención de profesionales especializados y en presencia de testigos, conforme a lo que establece la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas. Afortunadamente, no se hallaron menores de edad entre las víctimas.
Dos personas quedaron supeditadas a la causa y serán indagadas en los próximos días. Aunque no fueron detenidas, se les imputa el delito de trata de personas. El juzgado ordenó también el secuestro de documentación y otros elementos de interés para la investigación.
Las víctimas están recibiendo asistencia económica y contención por parte de las autoridades, mientras se organiza su regreso a las provincias de origen. La causa continúa abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales en el corto plazo.