La cancelación de la Ley de Capacitación sobre Malvinas.
Por Guillermo Carmona
Para Página 12
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Una de las más significativas evidencias del carácter desmalvinizador del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel es la cancelación de la implementación de la Ley 26.671 de Capacitación Obligatoria, Periódica y Permanente sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, que tiene por objetivo garantizar la formación integral de quienes se desempeñan en la función pública sobre los fundamentos que sustentan la posición argentina sobre los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, territorios ilegalmente usurpados por el Reino Unido.
La clausura de la implementación de la Ley implicó la interrupción infundada y arbitraria de un proceso que se encontraba en marcha al momento del inicio de la gestión libertaria. En efecto, al 10 de diciembre de 2023, la Ley 27.671 contaba con Autoridad de Aplicación designada, había sido reglamentada minuciosamente, tenía desarrollados los Lineamientos Generales, los contenidos, el material didáctico y la plataforma virtual para el desarrollo de los cursos, y habían cumplido con la capacitación más de 3 mil funcionarios y funcionarias del Estado Nacional.
La concreción de esos logros, a partir del cumplimiento estricto de lo dispuesto por la Ley, se alcanzó gracias a un intenso despliegue de acciones que bajo la conducción de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, en tanto Autoridad de Aplicación, garantizó un amplio proceso de participación y consulta que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5° de la norma, involucró al Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares correspondientes, creado mediante ley 27.558, a las instituciones del sector académico y científico especializados en la materia, así como de la sociedad civil y sus organizaciones.
Según acredita la información oficial publicada por la Cancillería, además del Consejo Nacional Malvinas fueron informados y consultados el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Museo Nacional Malvinas, la Comisión Nacional de Veteranos de Guerra que funciona en el ámbito del Ministerio del Interior, los coordinadores de capacitación de ministerios y organismos extra poder, de las cámaras del Congreso Nacional y del Poder Judicial, los gremios estatales y, a través del Consejo Federal de Política Exterior, los gobiernos de las provincias y de la CABA. También quedó constituida la Mesa de Acción y Seguimiento de la Ley de Capacitación sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, integrada por la Autoridad de Aplicación y los representantes designados por la Comisión Nacional de Veteranos de Guerra y los gremios estatales ATE y UPCN.
Una mención especial merece el aporte que realizó el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) que tomando como base las experiencias de implementación previas de otras leyes de capacitación obligatoria de funcionarios y funcionarias (Ley Micaela y Ley Yolanda), contribuyó, a solicitud de la Autoridad de Aplicación, en el diseño de una plataforma y material didáctico de soporte para los contenidos que fueron elaborados a partir de los Lineamientos Generales que surgieron del proceso de consulta y participación. De ello resultó el diseño de un curso de modalidad virtual autogestionada, conformado por seis módulos de 18 hs en total, a través de la plataforma virtual del INAP.
El 6 de noviembre de 2023, en el marco de la conmemoración del primer izamiento de la bandera nacional en las Islas Malvinas ocurrido en 1820, junto al canciller Santiago Cafiero, la secretaria de Empleo Público Ana Castellani y la autora del proyecto que dio lugar a la sanción de la Ley, la senadora María Eugenia Duré, formalizamos el lanzamiento del proceso. Un mes después, se había concretado la capacitación de más de 3 mil funcionarios y funcionarias.
La interrupción y clausura del proceso de implementación de la Ley de Capacitación Malvinas por el actual gobierno nacional es un gravísimo incumplimiento de una norma que involucra de manera directa a las actuales autoridades nacionales a quienes corresponde ejercer las funciones de Autoridad de Aplicación.
Los 16 meses de flagrante incumplimiento han privado a miles de funcionarios y funcionarias nacionales, provinciales y municipales de una capacitación que resulta estratégica e imprescindible para la consolidación de la política de Estado y de nuestra causa nacional Malvinas.
Es necesario destacar que provincias y municipios han buscado avanzar en la capacitación dentro de sus posibilidades, aun sin contar con las orientaciones de la Autoridad de Aplicación. Un ejemplo de ello ha sido la capacitación concretada por el Municipio de Río Grande a partir de la iniciativa del intendente Martín Pérez.
En el mismo sentido, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha expresado a través de su subsecretario de Relaciones Internacionales Juan Manuel Padin, la preocupación por las orientaciones la política y la gestión sobre la Cuestión Malvinas, destacando que ha sido la provincia gobernada por Axel Kicillof la que ha asumido la capacitación que la Secretaría de Malvinas debería garantizar en cumplimiento de la Ley nacional. Debe enfatizarse en que ello no exime de responsabilidad a las actuales autoridades nacionales. Por el contrario, pone en evidencia sus flagrantes incumplimientos.
La responsabilidad por el incumplimiento de la norma recae, además, en los máximos responsables políticos de la coalición gobernante, el presidente y la vicepresidenta de la Nación, quienes vienen propiciando políticas de subordinación a intereses de Estados extranjeros, entre los que se encuentran los EE.UU. y su principal aliada, la potencia que usurpa una parte sustancial del territorio nacional que integra a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Los lamentables discursos pronunciados el pasado 2 de abril por las dos figuras más representativas de la coalición gobernante son prueba cabal de que estamos ante un gobierno que, más allá de insinceras declamaciones, está desinteresado en la concientización, difusión y formación sobre los intereses nacionales vinculados a la Cuestión Malvinas.
En el marco de la explícita política de funcionalidad con los intereses británicos parece estar de más una capacitación que enfatiza en los derechos soberanos argentinos sobre la totalidad del territorio de nuestra Argentina bicontinental y oceánica.
Ante este panorama, se impone la urgencia de exigir, a pesar de las reticencias de Milei y Villarruel, el cumplimiento cabal de la Constitución y de la legislación vigente en todo lo concerniente a la política de Estado sobre la Cuestión Malvinas y, en particular, a la capacitación de los funcionarios y funcionarias del Estado nacional, las provincias y los municipios. Ese es el sentido que tiene un Proyecto de Declaración presentado recientemente en la H. Cámara de Diputados por legisladores de UxP, encabezados por el diputado chaqueño, veterano de guerra e integrante del Consejo Malvinas, Aldo Leiva.
Estas capacitaciones pueden y deben ser un antídoto contra el colonialismo cultural y el desprecio por lo nacional que se promueve desde las más altas esferas gubernamentales en estos tiempos de alineamientos automáticos y desmalvinización que padecemos.