El 23 de marzo finalizaron las moratorias previsionales. Esta decisión pone en evidencia las profundas inequidades y la insostenibilidad de un sistema que requiere una reforma integral urgente.
Por Rafael Rofman, en diario Ámbito
El 23 de marzo de 2025 marcó un hito en la historia del sistema previsional argentino: tras casi dos décadas de vigencia, las moratorias previsionales llegaron a su fin. El Poder Ejecutivo decidió no ejercer la potestad de extender este esquema por otros dos años y esto abre un debate crucial sobre el futuro de la protección económica de los adultos mayores en el país. Si bien el fin de las moratorias no implica que las personas mayores queden desamparadas —pues la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) seguirá siendo una alternativa a partir de los 65 años—, sí pone en evidencia las profundas inequidades y la insostenibilidad de un sistema que, aunque inclusivo, requiere una reforma integral urgente.
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El sistema previsional argentino es uno de los más antiguos y consolidados de la región. Con una cobertura que supera el 90% de los mayores de 65 años, ha logrado reducir significativamente la pobreza y la indigencia en este grupo etario, situándolas en menos de la mitad y una quinta parte, respectivamente, de las tasas de la población total. Este logro está vinculado a la cobertura, que se extendió a casi toda la población gracias a las moratorias implementadas desde 2005. Entre los 5 millones de personas que perciben en la actualidad una jubilación por vejez de ANSES, 3,8 millones la obtuvieron gracias a este mecanismo. Sin embargo, esta solución de emergencia, concebida como un parche temporal hace 20 años, ha generado distorsiones que hoy dificultan la sostenibilidad y equidad del sistema y su extensión permanente no resuelve los problemas de fondo
El sistema previsional argentino fue diseñado asumiendo que el empleo en nuestro país convergería a contratos formales para el cien por ciento de los trabajadores y que la población podía dividirse fácilmente entre quienes trabajan formalmente toda su vida y quienes nunca lo hacen (y, por ello, dependen económicamente de los activos). En esa lógica, se planteó como condición para jubilarse tener al menos 30 años de aportes previsionales. Sin embargo, la realidad dista mucho de ser así. Según un informe reciente de la Subsecretaría de Seguridad Social, apenas un 24% de la población que llega a la edad de retiro cumple con este requisito. Otro 12% lo hace sin aportes o con menos de 12 meses y el restante 59% ha trabajado y cumplido con sus obligaciones, pero esos aportes no serán reconocidos a la hora de solicitar una jubilación. La moratoria era una “trampa” legal para esta población, que podía comprar en cómodas cuotas los años de aportes que le faltaban. A partir de ahora, quienes no alcancen el mínimo accederán a una PUAM equivalente al 80% de la jubilación mínima. Esto significa que el 71% de los nuevos jubilados recibirán este beneficio reducido, lo que agrava las inequidades existentes. Por ejemplo, una persona con 29 años de aportes como empleado en relación de dependencia con salarios promedio recibirá un haber inicial equivalente al 18% de su salario -un tercio de lo que recibe alguien con la misma historia laboral, pero con un año más de aportes-, mientras que alguien con aportes mínimos como monotributista puede obtener beneficios más generosos que un asalariado con mayores contribuciones, pero menos años.
El sistema previsional argentino es, además, extremadamente costoso. Cada año, las jubilaciones y pensiones de todos los esquemas vigentes en el país representan un gasto cercano al 10% del PIB en promedio de los últimos años. Este gasto es muy alto si lo comparamos con países con demografía similar, como Chile o Costa Rica, y se asemeja a naciones mucho más envejecidas, como Suecia o Bélgica. El alto costo se origina en que tenemos muchos beneficiarios jóvenes (según el Censo 2022, hay más de 2.8 millones de beneficiarios menores de 65 años), muchos con más de un beneficio (1,1 millones) y algunos esquemas de excepción muy generosos.
Los problemas se extienden a otras áreas, como las pensiones por fallecimiento (seguimos otorgando pensiones vitalicias a viudas y viudos jóvenes en condiciones de trabajar, como a principios del siglo pasado, y duplicando beneficios sin ningún criterio de eficiencia), las pensiones no contributivas por invalidez (que se otorgan con procedimientos poco transparentes y sin controles adecuados), la movilidad (donde tenemos un principio razonable -ajustar beneficios con la inflación- pero que debe ser mejorado y consolidado en una ley) o la inexistencia en la práctica de un esquema de ahorro voluntario previsional.
Estos problemas se agudizarán con el tiempo, a medida que nuestra población envejezca, haciendo más costoso y menos efectivo al sistema. Continuar con una estrategia de respuestas de emergencia y parches, como las moratorias, sólo postergan las soluciones, haciéndolas más difíciles en el futuro. Por eso, desde CIPPEC, junto a colegas de distintas instituciones, estamos trabajando en una propuesta de reforma integral, que unifique beneficios, simplifique reglas y elimine distorsiones.
La propuesta es ambiciosa pero necesaria. Plantea un sistema multipilar con tres componentes: un pilar básico universal (similar a la PUAM actual), un pilar proporcional basado en la historia completa de aportes, sin requisito mínimo de años, y un pilar voluntario de ahorro previsional. Este diseño elimina la brecha entre beneficios contributivos y no contributivos, premia el esfuerzo de quienes aportaron y reduce la dependencia de soluciones excepcionales como las moratorias.
Implementar esta reforma no será sencillo. Requiere consensos políticos amplios en un contexto de polarización y un año electoral como 2025, donde el tema podría convertirse en un arma de campaña más que en un proyecto de Estado. Por eso se propone crear una comisión técnica de expertos convocada por el Ejecutivo para preparar una propuesta integral hacia fines de 2025, un paso pragmático que podría despolitizar el debate y sentar las bases para una solución de largo plazo. Sin embargo, el éxito dependerá de la voluntad de los actores involucrados para priorizar la equidad y la sostenibilidad sobre intereses sectoriales.
Un aspecto crítico es la transición. Respetar los derechos adquiridos de quienes ya se jubilaron bajo las reglas vigentes implica que los beneficios de la reforma se verán gradualmente, a medida que ingresen nuevas generaciones. Esto exige paciencia y una comunicación clara para evitar resistencias. Asimismo, la eliminación de regímenes de excepción -que representan más del 40% de los beneficios y enfrentará oposición de sectores privilegiados. Negociar su integración al régimen general, reconociendo aportes adicionales y diseñando transiciones graduales, será clave para evitar conflictos.
El fin de las moratorias es una oportunidad para repensar el sistema previsional argentino desde sus cimientos. Las ineficiencias actuales permiten imaginar un esquema donde, al mismo tiempo, se mejore la protección de los adultos mayores y se genere un ahorro fiscal significativo. Esto no solo aliviaría la presión sobre las finanzas públicas, sino que garantizaría una vejez digna para millones de argentinos en un contexto de envejecimiento poblacional y cambios en el mercado laboral.
La reforma propuesta equilibra inclusión y equidad. Al universalizar un pilar básico y vincular los beneficios al historial de aportes, se protege a todos los mayores de 65 años mientras se recompensa el esfuerzo contributivo, eliminando las distorsiones que castigan a quienes estuvieron cerca de los 30 años de aportes o benefician desproporcionadamente a quienes aprovecharon regímenes de excepción. Además, ajustes como el aumento gradual de la edad de retiro —alineado con una expectativa de vida que aumenta en forma continua— y la modernización de las pensiones por fallecimiento responden a realidades demográficas y sociales que las normas actuales ignoran.
El 23 de marzo de 2025 no debería ser solo el fin de una política de emergencia, sino el inicio de una transformación profunda. El sistema previsional argentino ha demostrado su capacidad para incluir, pero también sus límites para sostenerse y distribuir justamente sus recursos. La propuesta es clara: un modelo multipilar que combine universalidad, proporcionalidad y sostenibilidad. Lograrlo requerirá consenso, valentía política y un compromiso con el largo plazo. En un país donde la previsión social es una de las políticas públicas más relevantes, con un impacto directo en el 10% del PIB y la vida de millones, no hay margen para seguir postergando esta discusión. El futuro de los adultos mayores —y de la estabilidad económica del país— depende de ello.