La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó hace unos días el control estatal sobre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante los actos conmemorativos de la expropiación petrolera de 1938.
Por Carmen Parejo Rendón
Para RT
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A través de un decreto que expide ocho leyes secundarias en materia energética, Sheinbaum no solo establece un blindaje jurídico para los recursos nacionales, sino que retoma el legado de Lázaro Cárdenas del Río en un escenario de aumento de las presiones internacionales en medio de la decadencia de la hegemonía estadounidense.
Al fin y al cabo, México "tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos" ha sido ya amenazado con aranceles y otras prácticas por un vecino desatado y en claro declive.
En un país donde el despojo de los bienes comunes ha sido sistemático, su decisión marca un punto de inflexión: cerrar el paso a la privatización y reafirmar que la energía debe estar al servicio del pueblo y no del gran capital. Una necesaria declaración de principios que recuerda que la soberanía no es un legado asegurado, sino una batalla permanente frente a los intereses transnacionales que, desde siempre, han buscado expoliar las riquezas del país.
John Reed, único estadounidense enterrado en el Kremlin, ya lo advertía en su crónica sobre la revolución de 1910, el 'México insurgente' marcaba el sendero de la historia.
La Revolución mexicana, primera gran sacudida popular del siglo XX, abrió una senda de justicia para las masas olvidadas, marcando el inicio de una disputa permanente entre el pueblo y los grandes intereses económicos que persiste hasta nuestros días.
La lucha por la tierra, el trabajo y la soberanía se convirtieron en un proyecto nacional del que fue un referente claro la expropiación petrolera de 1938 bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940). La expropiación significó, en ese sentido, la resistencia organizada de una nación que se negaba a ser botín de intereses foráneos, dejando claro que el control de los recursos naturales no es solo una cuestión económica, sino el reflejo directo de la soberanía popular. La riqueza del subsuelo no podía seguir siendo garantía de acumulación para unos pocos mientras el pueblo era condenado a la miseria.
Por eso, la expropiación de 1938 no fue un acto de generosidad estatal, sino una respuesta contundente ante un acto criminal de pillaje. Cárdenas, amparado en el artículo 27 de la Constitución de 1917, no solo rescató el petróleo, sino que estableció un principio innegociable: sin soberanía energética, no hay autodeterminación nacional.
Sin embargo, la reacción imperialista no tardó en llegar. EE.UU., Reino Unido y Países Bajos impusieron un embargo petrolero con la intención de asfixiar a México.
El gobierno respondió con estrategia: diversificó mercados, fortaleció la industria y movilizó al pueblo. El resultado: un crecimiento económico sin precedentes, que ubicó a México entre las economías más pujantes de América Latina junto a Brasil y Argentina, donde también imperaba un modelo nacionalista y de control estatal.
Aun así, la ofensiva contra México no cesó. En los años 80, bajo el yugo del Fondo Monetario Internacional (FMI), comenzó el desmantelamiento de este modelo. Miguel de la Madrid (1982-1988), Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000) reiniciaron el saqueo, a través del expolio legislado. Profundizando un asalto contra las clases populares mexicanas.
La privatización significó la pérdida del control del Estado sobre los sectores estratégicos, como el petróleo, la energía eléctrica o las comunicaciones, lo que debilitó la soberanía del país y convirtió a las empresas mexicanas en subsidiarias de conglomerados transnacionales. También supuso la pérdida de ingresos para la nación, ya que dependían en gran medida de empresas como Pemex y CFE, un déficit que fue compensado con más endeudamiento externo y recortes en el gasto público, sobre todo en salud y educación.
Estas políticas impulsaron un proceso de desindustrialización, a través de acuerdos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que al reducir las barreras comerciales permitió la entrada masiva de productos estadounidenses más baratos y que supuso el cierre de fábricas y una caída general de la producción nacional. Un escenario que favoreció el desempleo y el aumento de la pobreza, ya que estas privatizaciones estuvieron acompañadas de reformas laborales que desmantelaron los sistemas de protección para los trabajadores.
Se imponía así una sólida brecha entre ricos y pobres: mientras una pequeña élite se lucró del proceso, la mayoría de la población empeoró significativamente su calidad de vida. Una situación que se acrecentó durante los gobiernos panistas de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) y, tras el retorno del PRI al poder con Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando se aprueba la reforma energética de 2013, que sería el punto culminante de esta venganza del capital contra el pueblo mexicano y su tradición revolucionaria.
El mandato iniciado por el movimiento popular de la Cuarta Transformación exigía recuperar el hilo histórico marcado por la Independencia mexicana, la Reforma de Benito Juárez y la Revolución de 1910. En esa dirección, la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador también supuso el inicio de una necesaria contraofensiva en el terreno energético, como se reflejó a través del rescate de Pemex y CFE, la reducción de su carga fiscal, la construcción de la refinería de Dos Bocas o la adquisición de Deer Park en EE.UU. Además, con la reforma de la ley minera (2022), el presidente declaró el litio como patrimonio de la nación, arrebatándolo de las garras privadas y creando LitioMx para su explotación estatal.
La tarea de Sheinbaum, en ese sentido, no es solo consolidar los avances del gobierno anterior, sino que también debe responder ante la historia y ante un pueblo que ha luchado incansablemente por la soberanía y la justicia. En sus manos recae la responsabilidad de demostrar que la Cuarta Transformación no es solo un episodio político más en la historia de México.
El saqueo energético supone la expresión más cruda de una pugna entre quienes se benefician del expolio y quienes han resistido históricamente su dominación. La defensa del petróleo, la electricidad y el litio no es solo una reivindicación económica, sino un acto de soberanía de los pueblos frente a los grandes capitales transnacionales.
Si bien la historia de México nos enseña que estas batallas nunca han sido pacíficas y que los enemigos del pueblo acechan dispuestos a revertir vengativos todos los logros conquistados, también nos muestra la otra cara de la moneda: México no es una hacienda al servicio de intereses foráneos; es una nación con memoria de lucha, y con un pueblo que sabe que la soberanía no se otorga, sino que se defiende. Sheinbaum necesitará de la estrategia de Cárdenas para este desafío: diversificación de mercados, fortalecimiento de la industria, pero, sobre todo, movilización popular.