La Justicia de Santa Fe ordenó que una junta médica lo asista para determinar si se aplica la ley de salud mental.
El hombre que el miércoles pasado subió al palco oficial en los festejos por el Día de la Bandera con un cuchillo, continuará internado en la Colonia Psiquiátrica de Oliveros hasta tanto una junta médica determine su condición psicológica. Si bien peritos forenses habían determinado que Antonio Rosario L., de 64 años, no comprende la criminalidad de sus actos ni los alcances de un proceso penal, por lo que no puede ser imputado de los delitos de amenazas y resistencia a la autoridad, el juez Héctor Núñez Cartelle resolvió que el diagnóstico sea confirmado por una junta de profesionales antes de desistir de la acción penal y derivar la causa al fuero Civil, para que se aplique la ley de salud mental.
"Frente a una persona enferma, hay que dar asistencia médica. Nada tiene que hacer la Justicia Penal ahí", dijo ayer el defensor público Mariano Buffarini, quien representó a L. El hombre no asistió a la audiencia porque está sedado en la Colonia Psiquiátrica de Oliveros y los profesionales que allí lo asisten recomendaron que, por el momento, no sea sometido a traslados.
En principio, la audiencia fijada para ayer, a las 10, tenía como objetivo imputar a L. los delitos de "amenazas calificadas por el uso de armas" y "resistencia a la autoridad". Estos se desprenden de las acciones que el hombre ejecutó el 20 de junio: subió al palco oficial con un cuchillo, amenazó a los locutores con chucearlos si alguien lo tocaba, y luego se resistió cuando personal de la Guardia Urbana Municipal y de Gendarmería Nacional quisieron detenerlo.
Ideas delirantes
Sin embargo, los informes de los primeros médicos psiquiatras que estuvieron en contacto con L. —del Centro de Salud Mental Agudo Avila y del Instituto Médico Forense— concluyeron que el hombre padecía ideas delirantes, alteraciones mentales crónicas y psicosis, lo que lo hace no comprender la criminalidad de sus actos ni el proceso penal. Por eso, durante la audiencia, presidida por el juez Núñez Cartelle, el debate giró en torno al futuro del hombre.
El fiscal José Luis Caterina pidió que ese diagnóstico preliminar fuera confirmado por una junta médica para desestimar la imputación, que por el momento quedó en suspenso.
Buffarini se opuso, al entender que los elementos reunidos son más que suficientes para derivar las actuaciones a la Justicia Civil, que es la que debe intervenir frente a casos de este tipo. Eso, teniendo en cuenta que L. tiene antecedentes de cuadros psiquiátricos que lo llevaron a estar internado en la localidad cordobesa de Bell Ville.
De hecho, es allí donde pretende trasladarlo su familia, que está en Rosario.
Sin embargo, Núñez Cartelle coincidió con el criterio esgrimido por la Fiscalía y ordenó que, con la celeridad que requiere el caso, se constituya una junta médica con el objetivo de elaborar un diagnóstico del estado psiquátrico de L. y, de confirmarse la evaluación preliminar, derivar las actuaciones al fuero Civil. Hasta tanto, L. permanecerá internado en Oliveros.
Fuente: La Capital de Rosario.