Falta un proyecto educativo que articule autonomía universitaria y financiamiento racional.
Por Marcelo Rabossi
Para Clarín
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La asfixia presupuestaria que atraviesa a la Universidad Nacional no es solo un desacuerdo contable, es el síntoma de una crisis más profunda que surge de la falta de un proyecto educativo que articule autonomía universitaria y financiamiento racional, dentro de un plan que tome en cuenta las ventajas competitivas, actuales y potenciales, del país.
Limitar la discusión a partidas y recortes es soslayar que lo que está en juego es el futuro desarrollo de la nación. Como advirtió Jürgen Habermas, “reducir la universidad a un cálculo presupuestario es negar su función emancipadora”.
Es innegable que la universidad tiene derecho a defenderse de los malos tratos recibidos. La caída del salario docente es un claro ejemplo y a su vez, un tema preocupante -aproximadamente 38% desde fines de 2023 según mis propios cálculos-. Como consecuencia, se observa un principio de emigración de investigadores hacia otras instituciones locales e internacionales.
A su vez, laboratorios que ven cada día más lejos el acceso a tecnología de punta. Y lo que más preocupa, es que la universidad pareciera ser castigada por razones ideológicas, más allá de que dicha presión no debe ocultar su propia obligación a modernizarse. Resulta insólito, por ejemplo, que se mantenga una infraestructura para recibir a 520.000 nuevos estudiantes cada año, siendo que 220.000 de éstos abandonará antes de finalizar el segundo cuatrimestre.
Asimismo, rige una suerte de laissez faire en lo que hace a la elección de carreras. Se reproduce la lógica del mercado y no las necesidades de formación en campos estratégicos para el desarrollo del país. Se forman profesionales en áreas saturadas, como derecho o psicología, mientras se descuidan sectores clave como ingeniería, tecnología y las ciencias de base. Tal desarticulación entre oferta académica y necesidades productivas de un país que busca desarrollarse es otro de los nudos de la crisis.
Un modelo de cara al desarrollo requiere de carreras más cortas y flexibles que potencien el acceso a la educación de posgrado, nivel donde se ofrece formación específica y ajustada a las necesidades puntuales del estudiante y del mercado de trabajo. Hoy, apenas 7 de cada 100 alumnos cursan posgrados frente al 20-25% en los principales sistemas europeos.
Asimismo, la articulación con los más de mil institutos terciarios técnicos evitaría la duplicación de saberes y fortalecería la complementariedad entre trayectos formativos.
A ello se suma la necesidad de crear universidades de clase mundial -cada una en las ocho regiones del país- con respaldo estatal, aportes privados y cuerpos docentes de dedicación exclusiva del más alto nivel y un riguroso examen de ingreso. El objetivo es transformarlas en polos de atracción capaces de formar la élite intelectual, política y científica que la Argentina necesita para competir globalmente.
La crisis presupuestaria también exige creatividad. Si bien existen centros de recaudación de fondos -la Fundación 1821 en la UBA es un ejemplo-, se necesita una política más agresiva que alcance a cada uno de los graduados que se beneficiaron de la gratuidad -1,6 millones de profesionales se recibieron entre 2004 y 2023-. El ingreso de dólares provenientes de Vaca Muerta y del valle minero de Catamarca también abre una oportunidad histórica de financiamiento.
Destinar parte de esos recursos para fortalecer el sistema de educación e impulsar la investigación de base y aplicada resultará fundamental. El Estado deberá administrar esos ingresos con una lógica anticíclica, similar a la de Noruega, que utiliza sus fondos soberanos para estabilizar la economía y financiar proyectos estratégicos de largo plazo.
En paralelo, es imprescindible aprovechar la capacidad instalada de la industria que hoy opera apenas al 53,6% (INDEC, 2026). Para ello se requieren políticas activas de reconversión industrial, capaces de detectar sectores con potencial, ayudar a modernizarlos y formar mano de obra acorde a una industria competitiva. Aquí cobran relevancia los terciarios técnicos -a los que hay que jerarquizar- y los programas de microcréditos, que ofrecen capacitación en saberes específicos de manera ágil y corta.
En contraste, Argentina sostiene privilegios fiscales de dudosa eficacia. Sin mejoras en productividad ni transferencia tecnológica, el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego implica un costo cercano a los mil millones de dólares anuales (Hallak et al., 2024), lo que aproximadamente equivale al 25% del presupuesto total de las 64 universidades nacionales.
Al mismo tiempo, la industria nacional sufre los efectos de una apertura sin estrategia. Sin un plan de desarrollo para las pymes que reduzca la carga tributaria y las ayude a escalar, el país seguirá debilitando su tejido productivo. Apuntalar a las pequeñas y medianas empresas es también sostener a la clase media, núcleo de cohesión social.
La universidad argentina necesita más que un aumento presupuestario, requiere de un pacto nacional que defina prioridades en función del desarrollo. Autonomía con responsabilidad, financiamiento sostenible, planificación estratégica, universidades de élite regionalizadas, fuentes alternativas de recursos, salarios dignos, apoyo a las pymes y reconversión industrial con formación técnica son los fundamentos de ese acuerdo. Si no se revierte la actual situación, el país corre el riesgo de perder uno de sus pilares históricos de desarrollo y democracia. La universidad no puede ser rehén de la coyuntura fiscal, debe ser el motor de transformación que Argentina necesita.