Los mandatarios provinciales y los intendentes constituyen el nuevo objetivo de la administración libertaria, sin mucha discriminación; impulsan en la Casa Rosada una nueva reforma electoral.
Por Claudio Jacquelin
Para La Nación
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El Gobierno acaba de lanzarse a una nueva misión de compleja factura. Una de las más difíciles, ya que exige de mucha habilidad y fortuna en un arte en el que hasta acá ha mostrado habilidad parcial y resultados dispares. Es el complicado ejercicio de tratar como adversarios a quienes, al mismo tiempo, pretende y necesita mantener como aliados.
Los gobernadores e intendentes son, tal vez más que nunca antes, el nuevo objetivo de la administración mileísta, sin mucha discriminación. Como blancos figuran tanto opositores, como dialoguistas y aliados, permanentes o circunstanciales. A prepararse.
Sobre ellos el oficialismo ha iniciado una operación de pinzas de la cual ya ha dado señales públicas y lanzado un operativo de propaganda para darle sustento en la opinión pública, primero, y en el electorado, después. No podrán decir que no fueron avisados.
Por un lado, el embate se da en el plano político, comandado por el ala triunfante de la disputa interna, liderada por la empoderadísima Karina Milei, con la asistencia de los primos Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem. La meta de esa operación es alcanzar la etapa superior del éxito logrado en las recientes elecciones legislativas, que apunta a desplazar o limitar esos gobernantes subnacionales en 2027. El sueño del país violeta avanza.
El nuevo triángulo del poder ya tiene en sus computadoras la lista de los distritos y de los gobernantes que están en la mira para ser capturados, así como los nombres de candidatos posibles para concretar la faena en cada uno de ellos. Reuniones virtuales y algunos encuentros presenciales sostienen la campaña permanente que disparó el triunfo electoral de octubre.
A eso se agrega el proyecto de reforma electoral. El karinismo se propone dificultar o evitar la construcción de coaliciones antimileístas con la eliminación definitiva de las elecciones primarias, obligatorias, simultáneas y abiertas (PASO).
Al mismo tiempo, busca avanzar sobre la autonomía provincial con la implantación de un régimen unificado en las que las fechas de elecciones nacionales coincidan con las provinciales y se vote con el sistema de boleta única. Además, pretende que esa boleta única incluya un casillero para votar por lista completa partidaria de distintas categorías. Una quimera sin la aquiescencia de los oficialismos provinciales opositores, que, salvo contadas excepciones, si lo aceptaran estarían comprando el arma y las balas para su ejecución. No suele haber tantos distraídos ni suicidas. Sin embargo, el karinismo envalentonado está decidido a intentarlo.
Otro vamos por todo K
No solo el triunfo sobre los opositores político-partidarios sino también (y muy especialmente) sobre los adversarios internos, encarnados en la figura declinante del gurú Santiago Caputo, son el combustible que motoriza el lanzamiento de la nueva y ambiciosa etapa. Un nuevo vamos por todo K, por otros métodos.
La avanzada se da, además, en la dimensión económica-fiscal. Será otro paso en la senda que se inició desde los comienzos de la gestión de Javier Milei con la distribución ultradiscrecional de las transferencias no automáticas a las provincias, con la asignación arbitraria de los aportes del Tesoro Nacional y otras partidas. Una continuidad y ninguna ruptura con las prácticas de administraciones anteriores para castigar y disciplinar a los díscolos y para premiar a los amigos.
Ahora, el Gobierno avanza con un sistemático embate, en dos planos distintos, para que gobernadores e intendentes bajen la presión tributaria en sus respectivos distritos.
La campaña se apoya en el publicitado (y noble) objetivo de mejorar la competitividad de los sectores empresarios, complicados por baja o nula rentabilidad, y aliviar la situación de los contribuyentes, cuyo poder adquisitivo se diluye mes a mes. Una nueva etapa de socialización del ajuste.
Pero este embate se explica tanto o más por el nunca admitido propósito de sacar de la agenda pública la demanda de profundizar la baja de impuestos nacionales y atenuar el impacto por la apertura de importaciones, profundizada por la política cambiaria vigente. Son reclamos que las cámaras empresarias expresan cada vez con menos pudor y temor.
En los últimos días el agravado cierre de empresas y de concursos de acreedores, con la consecuente destrucción de empleos, así como los ataques del Presidente a varios empresarios amplificaron las demandas en ese sentido. Tanto como pusieron en debate varios aspectos de la política económica nacional. Nada que el Gobierno quiera escuchar y menos de parte de los que alguna vez Milei calificó de “héroes”. La queja de estos actores encuentra audiencia en votantes más o menos blandos, que ven prorrogarse sine die la llegada de los beneficios del nuevo modelo.
La campaña en este terreno ya empezó con un orquestado escrache público a mandatarios y jefes comunales mediante la elaboración de un ranking de presión impositiva subnacional.
Al mismo tiempo, los concejales libertarios de 116 municipios bonaerenses están en campaña por la eliminación de 138 tasas municipales, la reducción de otras 120 y la simplificación de 11, como reveló Laura Serra.
Dado que en gran parte de esos concejos deliberantes los ediles violetas están en franca minoría, la viabilidad política de esta iniciativa resulta menos importante para sus ideólogos que el impacto en la opinión pública de cada municipio. El marketing político es parte esencial de la estrategia electoral. Vale más para 2027 que para 2026.
La plata no alcanza
Además, este embate público viene a compensar (en el plano narrativo) la derrota judicial que tuvo la resolución del gobierno nacional que prohibía incluir tasas municipales en las facturas de luz, lo que las hace altamente cobrables, ya que de no pagarlas se activa la posibilidad del corte del suministro eléctrico.
Es el caso del reciente fallo del juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, que declaró inconstitucional la medida del Gobierno ante una demanda planteada por la municipalidad de Pergamino, a cargo del intendente Javier Martínez, dirigente del PRO.
La sentencia consideró que la medida del Gobierno atentaba contra la autonomía municipal, al afectar facultades impositivas garantizadas por la Constitución Nacional y la normativa provincial. Cuando se discute de plata, no hay alianzas ni cercanías políticas que alcancen.
Una mayor caída de ingresos en las arcas provinciales y municipales podría ser catastrófica para muchos gobernadores e intendentes. Quedarían expuestos a un doble collar de ahorque: ofensiva política y ahogo financiero en simultáneo. Es una batalla por la supervivencia.
La realidad económica se ha vuelto particularmente compleja para muchas provincias. En febrero de este año “se repitió una caída real interanual significativa de los envíos por transferencias automáticas a las provincias y CABA. La baja fue del 7,4%”, según el Instituto de Análisis Fiscal (Iaraf).
La disminución de la actividad económica y la rebaja en los derechos de exportación agropecuarios están detrás de esa caída de los giros automáticos por coparticipación. En términos reales, la recaudación tributaria nacional cayó en febrero 9,7% y acumuló su séptima caída interanual consecutiva.
Los últimos datos sobre la actividad industrial de diciembre de 2025, con una suba intermensual del 1,8%, motivaron el festejo de los funcionarios oficialistas. Sin embargo, la caída interanual fue de más del 3% respecto del mismo mes del año anterior.
La disputa entre indicadores oficiales, realidad sectorial y percepción social no está cerca de saldarse. Lo que la tribuna mileísta festeja no es motivo de alegría para una buena mayoría de neutrales, que siguen esperando mejoras concretas en su vida cotidiana.
“La vida cotidiana en los sectores populares está atravesada por el cálculo económico”, explica el sociólogo y antropólogo Pablo Semán. Las preguntas dominantes son: cuánto pueden comprar, hasta cuándo alcanza la plata y quién les va a prestar para cubrir lo básico.
El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, describió la situación: “Estamos viendo un capitalismo declarado, pero sin consumo. La actividad económica está decaída, se pierden puestos de trabajo y cierran comercios”.
La situación de Córdoba es particular, ya que cualquier enfrentamiento con el gobierno nacional es utilizado por adversarios provinciales para ubicar al gobernador Martín Llaryora en la vereda del kirchnerismo, una fuerza ampliamente rechazada en la provincia.
Sin embargo, el caso cordobés es también paradigmático. Son muchos los gobernadores que enfrentan una situación similar, incluso en provincias que deberían beneficiarse del modelo productivo nacional en curso.
El propio Milei lo ha dicho reiteradamente a los empresarios: “Nosotros nos ocupamos de la macro, la micro es cosa de ustedes”.
Así, contar con el apoyo de los gobernadores para aprobar reformas estructurales, mientras se los presiona política y financieramente, es una operación que requiere poder real, habilidad política y fortuna.
Hasta ahora, especialmente desde el triunfo electoral de octubre, el Gobierno ha logrado avanzar con éxito relativo, como lo demuestra la aprobación de proyectos enviados al Congreso durante las sesiones extraordinarias.
Sin embargo, no todo salió exactamente como fue enviado. Un caso clave fue la caída del artículo de la reforma laboral que proponía rebajar el impuesto a las Ganancias para empresas, rechazado por gobernadores aliados debido al impacto en la coparticipación.
Esto explica que el Gobierno evalúe avanzar no con una reforma tributaria integral, sino con varias leyes parciales que modifiquen partes del sistema impositivo. “Será como una ley bases en cuotas”, ironizó un colaborador cercano de la conducción karimenemista.
Las sesiones extraordinarias mostraron que el instinto de supervivencia de los gobernadores sigue intacto. Surgen así alianzas de geometría variable, de duración transitoria y objetivos específicos.
Algunos dirigentes incluso imaginan que esos acuerdos podrían ser el germen de una coalición nacional para enfrentar al mileísmo en 2027.
Hoy ese proyecto parece una utopía. Pero los optimistas recuerdan que el oficialismo también enfrenta un desafío complejo: tratar como adversarios a quienes necesita como aliados.
Hasta ahora, Milei ha salido mejor parado que sus opositores. Pero al escenario ya cargado de incertidumbres se sumó un nuevo factor: la guerra en Medio Oriente y sus posibles efectos económicos. Los nuevos blancos en la mira son demasiado móviles.