Rodrigo Santi, exinstructor de bomberos, regresó a prisión tras incumplir condiciones de su arresto domiciliario. La Justicia comprobó el uso de un celular prohibido.
Rodrigo Santi, bombero acusado de múltiples abusos sexuales, cumplía prisión domiciliaria hasta el martes pasado cuando la Justicia de Villa María, en Córdoba, revocó este beneficio y ordenó su traslado a un penal tras comprobar que incumplió las condiciones impuestas para su arresto en un departamento.
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El abogado querellante, José Corigliano, explicó que la revocación se produjo luego de que otro de los querellantes solicitara la habilitación de la feria judicial y reclamara un allanamiento urgente, al advertir que Santi utilizaba un celular, a pesar de tenerlo prohibido. Corigliano detalló que "encontraron el teléfono escondido en el depósito de polvo de una aspiradora, junto con el chip que utilizaba para comunicarse".
Además, el abogado agregó que "se comunicaba con amigos, presos y parientes a través de WhatsApp". Este hallazgo del celular fue clave para que la Fiscalía considerara acreditado el incumplimiento de las reglas de conducta. Una vecina también lo vio salir a la vereda con el teléfono en la mano para recibir un paquete.
Santi, de 32 años, había obtenido la prisión domiciliaria el 22 de diciembre de 2025, basándose en un informe que señalaba un cuadro de depresión mayor con ideación suicida. Este informe advertía que permanecer en una unidad carcelaria podía implicar un riesgo grave para su salud psíquica mientras esperaba ser juzgado en un proceso abreviado.
Sin embargo, precisa Cadena 3, ante el incumplimiento constatado, la Justicia ordenó su traslado al Establecimiento Penitenciario N° 5 de Villa María, donde continuaría alojado. Desde la Fiscalía remarcaron que la prisión domiciliaria es un beneficio excepcional y que su violación habilita el regreso al encierro en una unidad penitenciaria.
Rodrigo Santi quedó detenido tras ser denunciado por múltiples abusos sexuales contra aspirantes, varios de ellos menores de edad, ocurridos dentro del cuartel. La investigación se inició luego de que una madre denunciara los hechos y se conociera un patrón sistemático de abusos que incluía encuentros nocturnos, charlas privadas y situaciones que se prolongaron durante años sin ser denunciadas.
Durante la investigación, Santi confesó parte de los hechos ante la Justicia y quedó imputado por abuso sexual simple, abuso con acceso carnal, corrupción de menores y tenencia de material de pornografía infantil.