La estrategia de la defensa apunta a garantizar la libertad del sospechoso hasta que se definan los próximos pasos.
Un empleado de playa de una estación de servicio de Quimilí, departamento Moreno, solicitó este martes la eximición de prisión en el marco de una investigación por una presunta defraudación que superaría los $100 millones, maniobra que habría sido encubierta mediante supuestas promociones en la venta de combustible.
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La causa es instruida por la fiscal Luciana Jacobo, quien desde hace semanas supervisa la etapa preliminar. La denuncia fue presentada por la firma propietaria del establecimiento —una empresa de origen santafesino—, representada legalmente por el abogado Sebastián Robles.
De acuerdo con la presentación judicial, entre abril de 2024 y noviembre de 2025 la empresa habría sido víctima de una estafa sistemática. La hipótesis principal sostiene que el dinero desviado se justificaba mediante promociones de combustible que, en realidad, solo estaban autorizadas para los días miércoles.
Sin embargo, recientes controles internos detectaron operaciones cargadas como promociones en jornadas en las que no correspondía —martes, jueves, sábados y otras fechas sin autorización— lo que encendió las alertas y motivó una revisión más profunda.
Ante la magnitud de las irregularidades, la compañía dispuso auditorías urgentes y habría iniciado sumarios administrativos contra algunos empleados de playa.
Este martes, los abogados Melissa y Mirko Slamich, defensores del trabajador investigado, presentaron un pedido de eximición de prisión con el fin de evitar que su cliente quede detenido mientras avanza la pesquisa.
Aunque la investigación se desarrolla bajo estricta reserva, trascendió que la estrategia defensiva apunta a asegurar que el sospechoso permanezca en libertad hasta que se definan los próximos pasos procesales.
El Juzgado de Control y Garantías ya dio ingreso formal al planteo y lo remitirá a la fiscal Jacobo, quien deberá fijar su postura. Luego, es previsible que las partes debatan el pedido en una audiencia ante un juez, instancia en la que se resolverá la situación procesal del empleado.