La abogada Marcela Ledesma aseguró que su clienta es coheredera legítima del inmueble y que no se atrincheró, sino que fue retirada por la fuerza pública de su propio domicilio. Denuncian agresiones, falta de orden escrita y desatención médica durante el operativo.
La polémica por la detención de Rita Liliana Martínez, una abogada acusada de “usurpación” en Añatuya, departamento General Taboada, sumó un nuevo capítulo luego de que su defensa técnica denunciara irregularidades en el operativo policial y asegurara que la acusada es, en realidad, coheredera legítima del inmueble en disputa.
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La abogada Marcela Roxana Ledesma, representante legal de Martínez, afirmó que su clienta “no se atrincheró en una vivienda”, como se difundió inicialmente, sino que “permanecía en su domicilio familiar y fue retirada por la fuerza pública”, esposada y sin una orden escrita.
El episodio que desencadenó la detención ocurrió el jueves 20 por la noche en avenida Lavalle, durante un procedimiento policial dirigido por la fiscal Alejandra Sobrero, en un contexto que las autoridades describieron como resistencia al accionar oficial.
Según la defensa, la causa por usurpación se originó en el marco de una sucesión familiar. La propiedad habría sido vendida por uno solo de los coherederos, lo que, a entender de Ledesma, vuelve la operación inválida.
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“El denunciante conocía el estado sucesorio del inmueble; su supuesta compra no puede reputarse válida por consistir en un acto realizado con un único coheredero”, sostuvo la abogada, en referencia al comprador con quien Martínez habría mantenido un fuerte enfrentamiento.
Ledesma aseguró que la violencia del episodio no provino de su clienta, sino del denunciante identificado como Benítez, quien presuntamente habría golpeado a la hija de Martínez, lo que —según la defensa— generó una reacción en “legítima defensa”.
“No hubo agresión con hierro ni patadas”, aclaró, desmintiendo versiones del incidente.
Además, afirmó que la policía impidió que se presentara documentación respaldatoria sobre la situación dominial de la vivienda y consideró que “el procedimiento es nulo de nulidad absoluta”.
La defensa también remarcó que Martínez padece epilepsia, y que su traslado y detención se realizaron sin contemplar la condición médica de la acusada: “Su detención se efectuó sin tener en cuenta sus necesidades de salud”, denunció Ledesma.
En las próximas horas se realizará una audiencia de conversión, en la que la Justicia deberá resolver la situación procesal de Martínez, definir la validez del procedimiento y determinar si corresponde mantener la imputación por usurpación u otra figura penal vinculada al episodio.