La reforma busca transformar a Migraciones en una estructura similar al modelo de Estados Unidos, con capacidad para realizar controles, detenciones y expulsiones, sin constituir una nueva fuerza federal.
El Gobierno nacional trabaja en los detalles finales de un decreto que modificará de manera profunda el funcionamiento de la Dirección Nacional de Migraciones, a partir de la creación de un nuevo organismo migratorio con capacidades operativas propias. La iniciativa apunta a dotar al área —tradicionalmente administrativa— de herramientas para realizar detenciones en ingresos al país, expulsiones y controles reforzados, tomando como referencia el esquema estadounidense.
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En la Casa Rosada aclaran que no se trata de una nueva fuerza de seguridad, sino de un cuerpo especializado que convivirá con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) sin superposición de funciones. El proyecto forma parte del entendimiento firmado por Javier Milei en julio con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security), acuerdo que habilita el avance hacia el Programa Visa Waiver e incluye exigencias en materia migratoria y aduanera.
Estados Unidos opera su sistema con organismos diferenciados: USCIS, encargado de trámites migratorios; ICE, dedicado a detenciones e investigaciones por violaciones a la normativa; y CBP, responsable del control fronterizo. Ese esquema es el que inspira la reforma argentina, en línea con las transformaciones que el Gobierno ya aplicó a las fuerzas federales.
En julio, el Ejecutivo modificó las estructuras de Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, tomando como referencias a la Guardia Nacional, la TSA, la Guardia Costera y el FBI. Dentro de ese paquete oficializó el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y la carrera de “Investigador del Delito para Profesionales”, redefiniendo el rol de la Policía Federal como agencia de investigación.
La PSA también recibió nuevas facultades, entre ellas tareas de prevención del delito en espacios digitales sin necesidad de autorización judicial y participación en la producción de inteligencia criminal. Además, el Gobierno creó el Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria, integrado por PSA, Migraciones, Aduana y ANAC, para unificar criterios y elevar los controles en los aeropuertos.
La transformación migratoria no es nueva: en mayo, un decreto endureció los criterios de ingreso y permanencia en el país, limitó la vigencia de la residencia precaria, habilitó rechazos en frontera y estableció prohibiciones de reingreso de al menos cinco años. También determinó nuevas obligaciones de declaraciones juradas y reglas más estrictas para acceder a la salud pública, la educación y la residencia.
Con este nuevo decreto, el Gobierno buscará cerrar una reforma integral del sistema migratorio, alineado con estándares de seguridad utilizados por Estados Unidos mientras avanza en el camino hacia el Visa Waiver.