En la carta, los jueces alertaron que, de aprobarse la ley de leyes, "la independencia del Poder Judicial, pilar esencial del Estado de Derecho y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La suficiencia presupuestaria y la autarquía financiera judicial constituyen condiciones indispensables para asegurar su efectiva independencia.
"El orden constitucional y el imperio de la ley deben prevalecer por sobre coyunturas económicas. Asignaciones insuficientes derivan en infraestructura inadecuada, deterioro salarial y un acceso a la justicia cada vez más restringido", explicaron.
Por otro lado, también justificaron que "la modernización y la plena implementación del sistema procesal penal federal" requieren "recursos adecuados". En este sentido, analizaron que "la reducción del 74% en Bienes de Uso impediría sostener obras, mantenimiento edilicio y actualización tecnológica".
"Por todo ello, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la independencia judicial y exhortamos a que el presupuesto del Poder Judicial sea revisado y adecuado a sus reales necesidades, en resguardo del equilibrio republicano, la plena vigencia de la Constitución Nacional y el derecho de todos los ciudadanos a una justicia independiente, eficiente y accesible", concluyeron.
El Gobierno logró sortear el primer obstáculo con la aprobación del dictamen del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, aunque el debate final podría postergarse hasta las sesiones extraordinarias. A pesar de los intentos iniciales de la oposición por bloquear el quórum, La Libertad Avanza consiguió la mayoría necesaria gracias al acompañamiento del radicalismo, el PRO y algunos legisladores provinciales. Sin embargo, el consenso fue frágil: varios bloques firmaron con disidencias y el desempate lo definió el diputado Benegas Lynch, permitiendo alcanzar las 21 firmas requeridas.
El respaldo de los gobernadores resultó decisivo para destrabar la negociación, aunque ahora el Ejecutivo deberá responder a sus demandas para mantener el apoyo en el recinto. Las provincias reclaman partidas específicas, sobre todo para cubrir deudas previsionales y obras públicas, dos puntos que se perfilan como ejes de la discusión en la próxima etapa.