La batalla en Rio de Janeiro contra el Comando Vermelho en las favelas Alemão y Penha, expone la altura que el crimen organizado ha alcanzado en la región, pero también sospechas de que el gravísimo episodio puede ser mucho más de lo que parece.
Por Marcelo Cantelmi, en el diario Clarín
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La sangrienta batalla con una montaña de muertos en Río de Janeiro contra uno de los mayores carteles narcos de Brasil, deja un puñado de lecturas significativas y la sospecha de que este suceso puede ser mucho más de lo que parece. El hecho, en principio, exhibió la altura que el crimen organizado ha alcanzado en una región contaminada desde hace años por este desafío trasnacional que EE.UU justifica para llover bombas en el mar Caribe o el Pacifico sobre supuestas lanchas narco.
Toda la escena demostró que no se trata ya de meros delincuentes, sino de organizaciones con enorme capacidad bélica moderna, influencia y control territorial. Llegaron a bombardear con drones a la policía, como en Ucrania u Oriente Medio y salvaron a su jefe protegiéndolo con una patrulla de casi un centenar de pistoleros. Internamente, este grave episodio sin precedentes por su magnitud, asegura escalar la seguridad o su ausencia como tema dominante en la agenda pública y en la perspectiva de las elecciones del año próximo para las cuales el presidente Lula da Silva, marcharía como favorito. Acaba de anunciar en Asia, precisamente aupado en los resultados coincidentes de los sondeos, su decisión oficial de competir para la reelección, buscando un cuarto mandato.
Un elemento adicional no menor vinculado con el anterior son los trasfondos de este incidente destinado a potenciar la grieta que divide a los brasileños por el litigio encendido entre el bolsonarismo y la actual administración. El gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, quien ordenó esta ofensiva con un regimiento de 2.500 policías, helicópteros y comandos, pero evitando sugestivamente avisar a Poder Ejecutivo, es un polémico dirigente del Partido Liberal del ex presidente Jair Bolsonaro recientemente sentenciado a 27 años de cárcel por golpismo.
Sobrevuela inevitable la sospecha de que el ataque a las dos favelas controladas por el Comando Vermelho pudo haber sido construido para provocar un efecto político y exhibir a un gobierno central vulnerable y titubeante frente a esta amenaza. “No contamos con vehículos blindados, ni de fuerzas federales, ni de seguridad. Estamos solos en esta lucha y estamos llevando a cabo la mayor operación en la historia de Río”, relató el gobernador para remarcar esas diferencias. Horas después debuto una liga de gobernadores con la presencia de los dos posibles candidatos del bolsonarismo para el año próximo, Tarcisio de Freitas (San Pablo) y Romeu Zema (Minas Gerais), planteando los mismos argumentos sobre la supuesta desidia del líder del PT.
La Constitución impide que el gobierno federal intervenga; solo puede suceder si las autoridades estaduales piden especialmente la ayuda admitiendo que no pueden enfrentar al crimen organizado. Castro no siguió ese trámite y preparó en cambio aquella proclama destinada a una población atemorizada que no se detiene en tecnicismos legales.
Si esto ha sido como sostienen quienes suponen una doble intención, no es claro inmediatamente si la operación se fue de las manos o si ha sido este el saldo brutal y espectacular que se pretendía. Las huellas de masacre, cabezas cortadas, manos atadas y torturas que evidencia gran parte de los cadáveres, confirmarían lo segundo. “Un -monstruoso- truco publicitario”, comenta Jacqueline Muñiz, investigadora de Seguridad Publica en la Universidad Federal Fluminense. La especialista remarca otro ángulo importante: los policías involucrados en la operación no pertenecen a unidades especiales contra el crimen organizado, dato significativo de improvisación.
Los ministros del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva coinciden y consideran por lo bajo como un desastre toda la operación, según le dicen a esta columna fuentes políticas en Brasilia. El gobernador Castro la define, en cambio, como un éxito. Sus críticos concuerdan, pero en un particular sentido: lo que logró fue politizar la violencia al buscar traspasar la responsabilidad de la intervención al gobierno federal, dicen los petistas. “Masacre electoral planificada” la llamó Marcelo Freixo, presidente de Embratur, el ente oficial de turismo de Brasil y diputado del PT.
En la jornada de la batalla sucedieron dos hechos que alimentan esas susceptibilidades: Bolsonaro había pedido a la Corte Suprema una revisión de la condena buscando reducirla o anularla denunciando objeciones de procedimiento. El clima era contrario en el Tribunal a esa demanda.
Más relevante, el Senado de Estados Unidos, en una poco frecuente acción bipartidista, unió a demócratas con un grupo de republicanos para aprobar una resolución condenatoria de los aranceles que Donald Trump impuso a Brasil por el juicio que condenó a Bolsonaro. Una novedad que fortalece la estrategia de Itamaraty, la Cancillería en Brasilia. Poco antes, el pasado domingo, Lula y el líder norteamericano sostuvieron una buscada cumbre en Malasia abriendo la posibilidad de un retroceso de las sanciones y un reencuentro de enorme valor político de las dos mayores economías del hemisferio.
En esas mismas horas, un sondeo del Instituto Paraná Pesquisa, que suele difundir investigaciones encargadas por el Partido Liberal o sus aliados, indicaba en una encuesta nacional que el líder del PT, ya muy girado al centro político, ganaría al bolsonarismo por márgenes de hasta seis puntos si las elecciones fueran hoy. Estas novedades, y particularmente la distendida cumbre en Malasia, disolvieron el valor simbólico de la cercanía con Trump que pretendía exhibir como ariete el bolsonarismo que esgrimía que la Casa Blanca arremetería contra Lula como si fuera el autócrata chavista Nicolás Maduro.
Con ese contexto, el gobierno federal, apenas llegado el presidente de Asia, interpretó que la operación en Río fue una reacción para erosionar la consolidación de Lula. Un proceso que paradójicamente ha evolucionado de modo sostenido desde que Trump castigó al país. Brasil tuvo el acierto de manejar en puntas de pie ese desafío, evitando contramedidas, protegiendo a los inversionistas y reclutando el respaldo de los sectores más críticos del Ejecutivo, como el agronegocio. Ayudó también la mala imagen del magnate republicano en la enorme franja de votantes de clase media que son los definen por el centro el poder en Brasil.
Pero también en este escenario turbio hubo errores considerables del lado del gobierno federal. En particular la desafortunada afirmación de Lula da Silva sobre que “los narcotraficantes son víctimas de los consumidores”, un intento desordenado e insólito de exponer la ausencia de políticas en los países del Norte mundial para controlar el consumo. Es improbable que ese comentario haya promovido el gravísimo episodio de Río, pero sin dudas fue tenido en cuenta.
Lo cierto es que la operación implica “un duro golpe para Lula”, como señala Roseann Kennedy en el portal de Estadao. Esto sucede más allá de que la posición de Castro haya quedado en fuerte evidencia, o que el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, haya iniciado una investigación independiente sobre lo ocurrido en Río.
La seguridad publica es una debilidad de la administración nacional, desperfecto común en las experiencias de centroizquierda, un matiz político que este gobierno ha ido diluyendo en su proceso de centroderechización, pero que se mantiene en muchos aspectos, como lo prueba la frase del presidente.
Lula parece haber asumido el golpe. Sabe cuándo gana y cuándo pierde. Emitió un mensaje de solidaridad con los ciudadanos y de repudio a los narcos, pero no dijo nada de la operación condenada en silencio y en procesión por sus ministros. Al día siguiente, promulgó una ley contra el crimen organizado que lleva nada menos que la firma de Sergio Moro, el ex juez hoy senador, que lo enterró en un calabozo 580 días. Duras lecciones de pragmatismo.