El Ejecutivo argentino solicitará que se suspenda la orden de la jueza Preska hasta que se resuelva la apelación sobre el juicio por la expropiación de YPF.
El Gobierno de Argentina pedirá a la Justicia de los Estados Unidos que suspenda la orden de entrega de correos electrónicos y chats de Luis Caputo y Sergio Massa en el marco del juicio por la expropiación de YPF. Según pudo confirmar TN, el Ejecutivo hará una presentación ante la jueza Loretta Preska, del distrito sur de Nueva York, para suspender temporalmente la directiva hasta que se resuelva la apelación sobre los detalles del discovery.
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La Procuración General del Tesoro, presidida por Santiago Castro Videla, presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones el 26 de septiembre para frenar la medida. Sin embargo, la jueza Preska insistió en mantener su orden en una audiencia el pasado viernes, fijando el 30 de octubre como fecha límite para cumplir con la directiva.
En caso de que Argentina no cumpla con la orden de entregar los documentos, la jueza advirtió que podrían imponerse sanciones, como inferencias adversas o medidas de desacato, lo que mantiene en alerta a los equipos legales del Gobierno, quienes buscan evitar posibles multas.
Los fondos demandantes, que ya ganaron una sentencia a favor por US$16.100 millones, buscan obtener información para vincular a YPF y al Estado argentino, con la intención de identificar activos que puedan ser embargados. El Gobierno asegura que no permitirá que se entregue información privada de funcionarios y exfuncionarios, afirmando que la jueza Preska se "excedió en su jurisdicción".
El Gobierno de Alberto Fernández insiste en que no entregará ningún tipo de información privada mientras esté en curso el proceso de apelación formal. Además, se ha descartado la posibilidad de negociar con los fondos fuera de los estratos judiciales. En la Casa Rosada confirman que apelarán ante la Corte Suprema de EE.UU. si la Corte de Apelaciones rechaza sus argumentos.
Por otro lado, el Ejecutivo celebró el respaldo de varios países en la apelación para evitar la entrega del 51% de las acciones de YPF como parte del pago de la sentencia por la expropiación de la petrolera. La defensa del Gobierno presentó cuatro argumentos clave: violación de la inmunidad soberana, interpretación errónea de la ley de Nueva York, inaplicabilidad de la Ley de Inmunidades Soberanas, y la violación de derechos argentinos e internacionales.