El 22 de agosto de 2025, Jair Bolsonaro, por intermedio de sus abogados, presentó una petición a la Suprema Corte de Brasil en la cual se declara víctima de lawfare. Estas son sus palabras: “entonces, el objetivo es la masacre. La desmoralización. O sea, es lawfare en curso”.
Por Rafael Valim
Para Página 12
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La estrategia de la defensa de Bolsonaro es bien conocida y se inserta en un contexto más amplio. Líderes tanto de derecha como de izquierda se han valido, sin ningún criterio y con propósitos meramente performativos, de la etiqueta “lawfare”. Se busca únicamente deslegitimar la acusación y al órgano juzgador.
Ya en 2019, en el libro Lawfare: una introducción – escrito en conjunto con el Ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil Cristiano Zanin y con la ilustre abogada Valeska Zanin Martins – advertíamos que “lawfare no es una mera etiqueta, ni una moda y mucho menos un juguete al servicio de determinada ideología política”. En este momento, conviene añadir: el lawfare tampoco debe constituir un simple expediente retórico al servicio de la defensa.
Si así lo hiciéramos, todos perderíamos. La banalización del término le resta su enorme potencial de desvelar y denunciar un fenómeno complejo, multifacético y que amenaza gravemente a las democracias constitucionales. El lawfare, al convertir las normas jurídicas en instrumentos de guerra, resulta en la negación del Derecho y de los derechos y, en esa medida, debe merecer amplia e irrestricta censura.
Eventuales críticas a la conducción del proceso penal en el que Jair Bolsonaro es acusado o la alegación de errores de procedimiento o de juicio – los cuales pueden ser revisados conforme a la legislación vigente – no se confunden con la calificación de un proceso como lawfare, hipótesis en que los actos procesales y extraprocesales del Estado denotan una instrumentalización del Derecho con el propósito de destruir a una persona considerada enemiga.
A diferencia de la Operación Lava Jato – un evidente caso de lawfare que mancilla la historia de nuestro sistema de justicia –, en el caso Bolsonaro no hay un uso estratégico del Derecho con fines de deslegitimar, perjudicar o aniquilar al ex presidente. La acusación formulada por la Procuraduría General de la República contra Jair Bolsonaro articula, con claridad y objetividad, los hechos imputados a los acusados, permitiendo el ejercicio de la amplia defensa y del contradictorio. Abundan pruebas, obtenidas de manera legal, de que él (i) estructuró y lideró un grupo destinado a la práctica de actos contra el régimen democrático, (ii) estimuló medidas encaminadas a impedir la toma de posesión del presidente electo, (iv) intentó deponer a un gobierno legítimamente electo mediante acciones institucionales y populares, (v) colaboró en la depredación de las sedes de los Tres Poderes.
Además, las medidas cautelares decretadas contra el expresidente restringen de manera proporcional sus derechos fundamentales, traduciéndose en medidas rigurosamente indispensables para la salvaguarda del proceso penal.
El juicio de un expresidente de la República, de sus asesores inmediatos y de militares pertenecientes a la cúpula de las Fuerzas Armadas por crímenes cometidos contra el Estado Democrático de Derecho constituye un freno decisivo para la resignificación de nuestro pasado autoritario y para la construcción de un futuro de libertad.
Después de tantos años inmersos en dictaduras sangrientas, que silenciaron, torturaron y expoliaron a nuestros pueblos, no podemos permitir ni amnistía ni amnesia. Todos aquellos que atentaron contra las instituciones democráticas deben ser sometidos a un juicio imparcial, dentro de los límites del debido proceso legal, y responsabilizados por los crímenes que comprobablemente cometieron.
Esto es lo que todos esperamos. No solo nosotros, los brasileños, sino toda la comunidad internacional democrática que observa, atenta y aprensiva, el desarrollo del juicio que se inició el 2 de septiembre de 2025.