La Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria de Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi

La Cámara de Apelaciones y Garantías de Zárate-Campana rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, quien fue condenado recientemente a 19 años de prisión por abuso sexual agravado. De esta manera, el empresario gastronómico de 57 años continuará detenido en la Alcaidía N° 3 de Melchor Romero, en La Plata.

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El recurso había sido presentado por su nuevo abogado, Fernando Sicilia, quien solicitó la libertad o, en su defecto, el beneficio de la domiciliaria. El letrado argumentó que la condena aún no está firme y que su defendido fue padre hace pocas semanas, lo que debería ser considerado bajo la perspectiva de género y de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Sin embargo, los jueces desestimaron el habeas corpus al sostener que la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Campana “no puede sostenerse como ilegal ni manifiestamente arbitraria, encontrándose además vigente el plazo para impugnarla”.

En su presentación, Sicilia alegó que no existía riesgo procesal ni posibilidad de intimidación hacia Prandi, y destacó que la actual pareja de Contardi atraviesa una fuerte depresión tras dar a luz a una beba de tres semanas.

El caso generó gran repercusión mediática. Antes del veredicto, Prandi había responsabilizado a los jueces de lo que pudiera ocurrirle a ella o a sus hijos en caso de que no se ordenara la inmediata detención de Contardi. “Él no se va a manchar las manos. Puede hacer cualquier cosa”, afirmó la conductora en aquel momento.

El caso Contardi

Contardi fue condenado por abusos cometidos entre 2015 y 2018, durante su matrimonio con Julieta Prandi. Ambos contrajeron matrimonio en 2011 y se separaron en 2019. La denuncia de la modelo fue radicada en octubre de 2021 en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Martínez.

El tribunal, además, dispuso la extracción de muestras genéticas del empresario para su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG).