Los representantes de la aplicación de transporte expresaron su conformidad con la mayoría de las exigencias planteadas, excepto una: la limitación en la cantidad de licencias a otorgar.
La Municipalidad de Córdoba y representantes de Uber sostuvieron el viernes su primera reunión formal para abordar la regulación de las plataformas electrónicas de transporte en la ciudad.
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Este encuentro busca poner fin a años de conflictos judiciales y sociales en torno a la actividad de aplicaciones de transporte como Uber. Durante la reunión, en la que participaron representantes del oficialismo, un apoderado legal y delegados de Uber, se discutieron los requisitos que la empresa deberá cumplir para operar legalmente en Córdoba.
Según confirmaron participantes de la reunión a este medio, Uber expresó su conformidad con la mayoría de las exigencias planteadas: estar registrada como persona jurídica, establecer un domicilio legal en la ciudad, inscribirse en el ARCA, presentar contratos, contar con una póliza de seguro y garantizar la habilitación municipal. También se acordó que los vehículos utilizados deben cumplir con ciertos estándares de antigüedad.
Sin embargo, un punto de discordia surgió en torno al proyecto de ordenanza que limita la cantidad de licencias a otorgar para conductores de plataformas electrónicas.
Uber solicitó eliminar esta restricción, lo que dio inicio a una negociación que continuará en futuras reuniones.
Este primer contacto formal, que hasta ahora no se había concretado, abre la puerta a un diálogo que busca establecer un marco normativo claro para el sector.
El concejal del oficialismo Martín Simonian, en diálogo con Cadena 3, destacó el trabajo realizado durante el receso del Concejo Deliberante para avanzar en esta cuestión.
“El mensaje que podemos transmitir es la aprobación de la ordenanza. Aquellos trabajadores del transporte a partir de las aplicaciones, como así también las empresas dedicadas a ese servicio, van a poder trabajar con legalidad, van a poder trabajar con un marco normativo que los respalde”, afirmó Simonian.
El concejal subrayó que el objetivo es resolver un conflicto que lleva “ocho, nueve años” de disputas judiciales y sociales, en línea con la voluntad del intendente Daniel Passerini.
Simonian también enfatizó el carácter inclusivo del proceso: “Hemos recepcionado las distintas inquietudes y observaciones de todos los actores que participan en la movilidad de la ciudad”. En este sentido, aseguró que el municipio está abierto al diálogo con todos los sectores dispuestos a construir consensos.
“Los que quieran tender puentes de diálogo, van a encontrar de parte nuestra esa voluntad, porque queremos que esta ordenanza salga con el consenso de todos los actores”, añadió.