La administración Trump presentó un amicus curiae ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, argumentando que Argentina debía gozar de inmunidad soberana y advirtiendo sobre el daño irreparable que implicaría para el país perder el control de YPF.
El gobierno de EE.UU. se presentó ante la Justicia de ese país para apoyar el reclamo de la Argentina para que se suspenda la entrega de acciones de YPF a los beneficiarios del fallo de US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera.
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La presentación del Departamento de Justicia de EE.UU. se hizo ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York. El tribunal suspendió esta semana de manera temporal el fallo de la jueza Loretta Preska para que se haga de inmediato la transferencia de acciones, y se espera defina antes de fines de julio si acepta la postura argentina.
En el escrito, el gobierno de EE.UU. planteó su interés en el caso y la necesidad de respetar las normas sobre la inmunidad soberana de los bienes de los Estados tanto en territorio norteamericano como en el exterior.
Sebastian Maril, de Latam Advisor, resumió los seis argumentos principales del amicus que se elevó al tribunal en la madrugada hora argentina.
La presentación del Departamento de Justicia se dio el mismo día en que los beneficiarios de la sentencia por US$16.000 millones, los fondos Burford y Eton Park, elevaron al tribunal sus argumentos en rechazo a la solicitud argentina de suspender la entrega de acciones mientras se tramita la apelación a ese fallo de Preska.
Ante esa Corte de Apelaciones y para oponerse al pedido argentino se presentó también el fondo Bainbridge, al que la jueza de primera instancia le permitió cobrar una sentencia contra la Argentina de US$95 millones por los bonos en default de 2001 con acciones de YPF.
El proceso ante el tribunal de alzada empezó el tiempo de descuento. Ahora se espera que la Argentina presente en esa instancia sus argumentos sobre la importancia de suspender la entrega de acciones mientras se sustancia el proceso.
Ese escrito de los abogados argentinos se espera para el 22 de julio. Después de eso, la Corte de Apelaciones está en condiciones de aceptar o rechazar el planteo de la Argentina.
Si avala el pedido argentino, la orden de Preska quedará sin efecto hasta que se resuelva la apelación contra su sentencia de fondo, que fijó una condena de US$16.100 millones.
La Cámara todavía no estableció la fecha de audiencia y no se espera una definición de fondo antes de 2026. En tanto, si el tribunal rechaza el pedido argentino, volverá a regir la orden de entrega de las acciones.