Mario Lugones aseguró que el presupuesto del hospital aumentó “124 puntos por encima de la inflación” y prometió mejoras salariales con fondos surgidos de mayor eficiencia en la gestión.
Mientras los trabajadores del Hospital Garrahan marchaban este jueves del Congreso a Plaza de Mayo en reclamo de mejoras salariales, el ministro de Salud, Mario Lugones, se pronunció en redes sociales para respaldar la gestión actual del hospital y criticar duramente a la administración anterior.
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“Vinimos a arreglar un sistema que dejaron destruido”, expresó el funcionario en su cuenta de X (ex Twitter). Según sostuvo, desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, las partidas presupuestarias del Garrahan aumentaron “124 puntos por encima de la inflación”, en contraste con una supuesta reducción del 75% en términos reales durante la gestión kirchnerista.
“El problema del hospital nunca fue solo de recursos: es de gestión y eficiencia. Por eso aumentamos el presupuesto, eliminamos privilegios y corregimos desvíos para que cada peso vaya donde tiene que ir: a la salud”, agregó Lugones.
En medio del conflicto con médicos, residentes y trabajadores que exigen recomposición salarial y condiciones laborales dignas, el ministro aseguró que el Gobierno trabaja en un plan para mejorar los sueldos del personal sanitario. Según fuentes del Ministerio consultadas por TN, los incrementos se financiarían con los ahorros derivados de nuevas licitaciones en servicios como seguridad, salud y limpieza.
“Lo que se conserve de eso va a estar destinado a subir el salario de los médicos”, señalaron desde la cartera de Salud. La prioridad, remarcan, es que los aumentos provengan de recursos propios, sin ampliar las partidas existentes, para proteger el equilibrio fiscal.
Aun así, desde el propio Ministerio admiten que el proceso no será inmediato. “Se va a hacer, pero no es algo que se resuelva de un día para otro”, indicaron.
La marcha al Garrahan volvió a visibilizar el reclamo del personal de salud frente a un contexto de ajuste y crisis en el sistema público, mientras el Gobierno responde con una lógica centrada en la eficiencia presupuestaria y la eliminación de privilegios heredados, como parte de su programa de reorganización estatal.