La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito resolvió tramitar en paralelo los fallos de la jueza Loretta Preska. La Casa Rosada considera que esto permitirá demorar la ejecución del fallo millonario en su contra.
El Gobierno argentino consideró un paso positivo la decisión de la Justicia de los Estados Unidos de dividir en cuatro las apelaciones en el juicio por la expropiación de YPF, causa en la que el país fue condenado a pagar más de 16.000 millones de dólares.
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La medida fue adoptada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que resolvió que las diferentes sentencias de la jueza Loretta Preska se tramiten por separado. Esto habilita a la Argentina a presentar recursos de manera simultánea, en lugar de afrontar un único proceso acumulado.
Desde la Casa Rosada celebraron la decisión al considerar que puede prolongar los plazos judiciales y retrasar la ejecución del pago. En el entorno presidencial describieron la medida como una “pequeña victoria dentro de un marco más complejo” y lo atribuyeron al “impacto” de los últimos escritos presentados por la Procuración del Tesoro.
En paralelo, el Gobierno ya presentó el primer escrito de apelación para frenar la ejecución de la sentencia que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF, actualmente en poder del Estado nacional. En el mismo sentido, se solicitó la suspensión de la medida hasta que la apelación sea resuelta.
No obstante, en Balcarce 50 desconfían de que la jueza Preska acceda a esa suspensión y anticiparon que, en caso de rechazo, acudirán a la Corte Suprema de EE.UU. para evitar entregar las acciones estatales.
Preska convocó a una audiencia para el lunes, fecha en la que vence el plazo judicial para que Argentina deposite las acciones en custodia en un banco de Nueva York. También citó a una reunión entre las partes para avanzar sobre el pedido de información acerca de otras entidades estatales como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central, con el objetivo de evaluar posibles embargos.
Desde el oficialismo descartaron la posibilidad de acercar posiciones con los demandantes. Argumentan que la sentencia de Preska viola la ley de expropiación de YPF y recalcan que cualquier traspaso accionario requiere aprobación del Congreso con una mayoría de dos tercios, lo cual no está previsto.
“El traspaso de las acciones tendría efectos irreversibles, ya que los fondos demandantes ya expresaron su intención de vender esos títulos en cuanto los reciban”, señalaron fuentes oficiales. Y advirtieron que el país se vería obligado a “violar sus propias leyes o desobedecer una orden judicial extranjera” si no se le concede la suspensión solicitada.
Mientras tanto, el juicio por YPF sigue siendo uno de los principales frentes legales y económicos para el Gobierno nacional.