Docentes, familias y trabajadores de la educación especial se movilizaron para exigir la promulgación urgente de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Advierten que los centros no podrán sostenerse más allá de diciembre.
Una importante concentración tuvo lugar este jueves en Plaza Libertad, donde docentes, familias y trabajadores de centros de educación especial se reunieron bajo un pedido unánime, "La inmediata promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad".
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La situación, aseguran, es crítica. El sostenimiento económico de las instituciones se encuentra al borde del colapso debido al aumento desmedido de los costos de atención, transporte y servicios básicos. "Estamos como en todo el país concentrados para pedir que la ley se promulgue hoy mismo", expresó la docente Teresa Montoto.
"Las personas con discapacidad están siendo invisibilizadas, los centros están al borde del colapso económico, sosteniendo algo insostenible. Necesitamos con urgencia esa ley hoy. Respetar las prestaciones que cada persona requiere, desde lo terapéutico y pedagógico, también implica cubrir los servicios de transporte, que venimos financiando con pérdida hace muchos meses", agregó.
Por su parte, Patricia Paradelo, también docente y referente del sector, remarcó que el aumento del combustible y de insumos básicos afecta directamente a la movilidad de los estudiantes y al funcionamiento diario de los centros.
"Tenemos un aumento del gasoil, por ejemplo, que usan las combis, de prácticamente un 35% desde enero hasta ahora", advirtió.
"Estamos aquí con las familias porque si miramos atrás, a los años 70 u 80, los chicos con discapacidad no eran visibilizados. Quedaban encerrados, sin acceso a la educación ni a una vida plena. Hoy los vemos bailar, estudiar, ser felices. No somos un problema ni un déficit: somos personas que luchamos por derechos ya adquiridos", sostuvo con firmeza.
Actualmente, en Santiago del Estero y La Banda funcionan alrededor de 10 centros especializados, que atienden a unas 250 personas cada uno y emplean a decenas de profesionales.
El mensaje fue claro: “Si seguimos así, no llegamos a diciembre”. La preocupación no es sólo por el cierre de los centros, sino también por el futuro de niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad que perderían su espacio de contención y desarrollo, además de 55 profesionales por institución que quedarían sin empleo.
El reclamo se suma a movilizaciones similares que se realizan en distintas provincias del país.