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País

Se frenó en Diputados el proyecto de "inocencia fiscal" impulsado por el Gobierno

La iniciativa que busca blanquear dólares no declarados sin castigos enfrenta trabas en las comisiones. Tensiones internas, falta de diálogo político y sospechas opositoras complican el avance.

Hoy 21:23

El proyecto de ley de “presunción de inocencia fiscal”, que busca fomentar el uso de dólares no declarados por los argentinos mediante un nuevo régimen impositivo, se empantanó en la Cámara de Diputados. Aunque fue anunciado con bombos y platillos por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y la Casa Rosada esperaba un tratamiento exprés, tras cuatro semanas ni siquiera se convocó una primera reunión informativa.

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La idea del oficialismo era avanzar en un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Legislación Penal durante junio, para llevar la iniciativa al recinto a comienzos de julio. Sin embargo, la falta de convocatoria y los feriados de la próxima semana postergan todo el cronograma. En los bloques parlamentarios ya admiten que el debate se correrá, al menos, una semana más.

El principal obstáculo se encuentra en la Comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert, donde La Libertad Avanza cuenta con apenas 6 de los 49 integrantes. Para emitir dictamen necesita 25 firmas. Si bien el oficialismo cuenta con el respaldo de aliados como el PRO, MID, la UCR, Producción y Trabajo e Innovación Federal, todavía le faltan al menos tres voluntades clave, que debe conseguir entre Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica.

Pero los llamados “bloques dialoguistas” están lejos de garantizar su apoyo. Las tensiones con Martín Menem, el manejo unilateral de la agenda por parte de Espert y la ausencia de un trabajo político previo complican la negociación. “Espert cajonea todo y después quiere que dictaminemos de apuro. Así no funciona”, lanzó un radical disidente.

Además, el posible veto presidencial al aumento de las jubilaciones y a la declaración de emergencia en discapacidad, todavía pendiente en el Senado, podría erosionar aún más el clima de negociación.

El plan del Gobierno se sostiene en tres pilares principales:

  1. Modificación del Régimen Penal Tributario: eleva los montos a partir de los cuales se puede investigar por evasión fiscal. De $1,5 millones a $100 millones para la evasión simple, y de $15 millones a $1.000 millones para la agravada.
  2. Reducción de plazos de acción de ARCA (ex AFIP): de 5 a 3 años para exigir pagos, aplicar multas o iniciar denuncias.
  3. Nuevo Régimen Simplificado de Ganancias: orientado a contribuyentes con ingresos menores a $1.000 millones y patrimonio inferior a $10.000 millones. Permitiría justificar consumos sin necesidad de explicar el origen del dinero, como la compra de un vehículo con fondos no declarados.

Este último punto es el que mayores dudas genera en la oposición, ya que podría facilitar el blanqueo sin control del dinero informal. Si bien hay consenso parcial en los aspectos penales, los bloques opositores temen que el oficialismo intente dictaminar todo junto, forzando un aval general al paquete.

Aunque la Casa Rosada ya logró el respaldo de 13 gobernadores al nuevo régimen simplificado de Ganancias, lo que allana parte del camino en el recinto, la falta de gestión política en Diputados traba el proceso legislativo. Sin reuniones informativas ni negociación previa con los bloques dialoguistas, el proyecto hoy sigue en pausa.

En paralelo, legisladores como Nicolás Massot (Encuentro Federal) y Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) recordaron que aún no fue tratado el Presupuesto, otro tema que genera desconfianza. Además, persiste el malestar por el bloqueo a comisiones clave como la de Discapacidad.

Por ahora, el blanqueo de “los dólares del colchón” deberá seguir esperando.