El Ministerio de Seguridad evalúa si la expresidenta deberá pasar sus primeros días en una alcaidía federal. El TOF 2 le dio cinco días hábiles para presentarse en Comodoro Py.
Mientras la defensa de Cristina Fernández de Kirchner insiste en que la prisión domiciliaria es el único desenlace posible tras la confirmación de su condena en la Causa Vialidad, el Ministerio de Seguridad de la Nación trabaja contra reloj para definir dónde podría quedar alojada la exmandataria si ese beneficio no es convalidado de inmediato por la Justicia.
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La orden partió directamente del juez del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, quien solicitó a Patricia Bullrich que indique, en un plazo de 24 horas, una dependencia de las fuerzas federales que cumpla con condiciones de seguridad, salud y resguardo institucional, dada la particular situación de la dos veces presidenta de la Nación. Cristina tiene cinco días hábiles para presentarse ante el tribunal, lo que abre una ventana de tiempo clave en términos jurídicos, logísticos y políticos.
Fuentes del Ministerio confirmaron que se evalúan dos alternativas posibles: la Alcaidía de Mujeres en la zona de Palermo, y una dependencia federal de Gendarmería en el barrio porteño de Retiro, muy cercana a los tribunales de Comodoro Py. En cualquiera de los casos, sería una detención transitoria, hasta tanto el TOF 2 se expida formalmente sobre el pedido de arresto domiciliario que presentaron Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, abogados de la exvicepresidenta.
Cristina solicitó cumplir la pena en su actual domicilio de San José 1111, donde ayer saludó desde el balcón a los militantes que se acercaron a acompañarla tras la resolución de la Corte Suprema. En el entorno de la expresidenta descartan cualquier posibilidad de traslado forzoso y aseguran que "su situación depende exclusivamente del tribunal que la juzgó", y no de la ministra Bullrich.
Desde La Haya, donde presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional, el abogado Gregorio Dalbón fue categórico: “Bullrich es una represora de niños y jubilados. No tiene competencia para participar del proceso de ejecución de la pena”. El letrado anunció además que la defensa elevará una queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, adonde se trasladará en los próximos días.
El operativo de seguridad en torno a la Casa Rosada, el Congreso y Comodoro Py se reforzó desde la mañana, mientras en paralelo se desarrollaba una nueva edición de la Marcha de los Jubilados, que este miércoles adquirió un volumen inédito. A las columnas históricas se sumaron gremios, organizaciones sociales, colectivos feministas y agrupaciones kirchneristas, bajo consignas como “basta de ajuste”, “defensa de la democracia” y “no a la proscripción política”.
Desde el oficialismo y sectores del peronismo expresaron públicamente su repudio al fallo del máximo tribunal. La imagen de la expresidenta detenida —aunque sea de forma domiciliaria— encendió las alarmas en el arco político, que empieza a leer la situación no sólo como un desenlace judicial, sino como una posible reconfiguración del liderazgo dentro del peronismo.
La manifestación de este miércoles se concentró desde las 15 en las inmediaciones del Congreso Nacional, con columnas que ocuparon Rivadavia, Callao y Entre Ríos. Las autoridades desplegaron un vallado similar al de movilizaciones anteriores, aunque con especial atención ante posibles incidentes o concentraciones espontáneas frente a la vivienda de Cristina.
La sentencia contra Cristina Kirchner incluye una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Con la confirmación de la Corte Suprema, se inicia la etapa de ejecución de la pena, donde el TOF 2 deberá resolver si se otorga la prisión domiciliaria o si corresponde su detención en una dependencia federal.
La defensa insiste en que no hay riesgo procesal, y recuerda que la expresidenta se presentó a cada una de las audiencias del juicio y fue víctima de un intento de homicidio en 2022, lo que vuelve crucial la evaluación de su seguridad personal. Sin embargo, los tiempos judiciales podrían forzar una detención en el medio, aunque sea por pocos días.
Desde el Gobierno, Bullrich asegura que se ajustarán “estrictamente a lo que disponga la Justicia”, pero en el kirchnerismo creen que la ministra no es neutral y que su rol al frente de Seguridad podría politizar el proceso.