La democracia no posee per se garantías últimas de persistencia; se trata de un sistema cuya vigencia se sustenta en la autolimitación y capacidad reflexiva de sus ciudadanos y gobernantes, y en la existencia y adecuado ejercicio de un accionar insustituible: la oposición.
Por Juan Pedro Tunessi (*), en diario La Nación
Su importancia radica en el control y la limitación de los gobiernos de turno, prefigurando la existencia de alternativas a estos.
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Sin desconocer las causas de fondo que en el nivel global erosionan la democracia, en nuestro país ambos componentes se hallan en crisis. La pérdida de valores y prácticas esenciales a una cultura democrática y el diseño desde el gobierno de una oposición funcional al él están reclamando de la dirigencia comportamientos de máxima responsabilidad, destinados a orientar su acción política primordialmente en la defensa y vigilancia de la salud democrática.
Hablamos, en primer término, del discurso de odio del Presidente, la persecución deliberada a las opiniones críticas vertidas desde la prensa, minorías y aun meros disidentes, el menoscabo al rol del parlamento y de todo tipo de control institucional y republicano, la descalificación y deshumanización de opositores, el desprecio por el diálogo y los mínimos consensos, y el culto a la personalidad expresado en el más crudo decisionismo. Esto nos sumergen en un irrespirable clima de violencia a expensas del pluralismo y la convivencia vitales para la democracia.
Si concebimos a la libertad de prensa como un requisito esencial de la democracia, concluiremos en que los brutales y reiterados ataques desde el poder, infligidos en su contra, constituyen verdaderos atentados hacia su vigencia, solo equiparables a las acciones de hecho que el kirchnerismo organizaba, invitando a la población a afrentar y escupir en la vía publica, imágenes de periodistas críticos; con la salvedad de que por entonces existía una oposición dispuesta a no tolerarlo, denunciándolo.
Al mismo tiempo, y mediante una polarización fuertemente inducida y cómodamente aceptada, se avanza en la consolidación de un nuevo statu quo conformado por una oposición de diseño y funcional, corporizada por el espacio político responsable en gran medida del ascenso de la fuerza extrema que hoy gobierna la Argentina. Un maniqueísmo de manual, que pulveriza cualquier opción de centro moderado y remite toda crítica o propuesta alternativa a un inevitable retorno al oprobioso pasado. Todos debiéramos reflexionar acerca de la responsabilidad frente a este estado de cosas antes de que sea demasiado tarde.
Resulta imposible negar el riesgo democrático que supone asumir actitudes indolentes o tendientes a normalizar un estado de cosas que reduce la democracia a un simple y prescindible formalismo, exponiéndola a la extorsión que supone concebir una estabilización económica a expensas de su propio desdibujamiento. La urgencia por restablecer equilibrios me lleva a indagar en primer término sobre el rol de los partidos políticos y hacer hincapié en la UCR, toda vez que, sin perjuicio de las diferentes opiniones políticas que su desempeño suscite, es legítimo considerar que por su tradición histórica, actual representación y extensión geográfica, el radicalismo forma parte de la cultura y el capital democrático de nuestro país.
Cabe dejar en claro que no se trata solo de un propósito reivindicativo del ideario partidario, ni mucho menos desde el tradicional enfoque introspectivo y nostálgico al que suele recurrir el radicalismo, especialmente quienes llevamos largos años militando en sus filas. Por el contrario, se trata de poner de relieve qué actitud debe asumir en la actual coyuntura una organización política que, más allá de puntuales valoraciones, es portadora de un enorme legado histórico y hoy gobierna cinco provincias, más de 400 intendencias, reúne una nutrida (aunque fragmentada) representación parlamentaria en ambas cámaras del Congreso y en los restantes niveles jurisdiccionales y acredita organización institucional en todo el territorio nacional.
Su mayor contribución en esta coyuntura está vinculada con ocupar y ejercer el rol opositor que le asignó el pronunciamiento ciudadano. Sin embargo, la ausencia de una estrategia coordinada entre los distintos actores partidarios contribuye al desdibujamiento de su rol nacional, y deja al descubierto una inocultable vacancia de su papel opositor, en perjuicio no solo del propio predicamento y la propia credibilidad, sino básicamente de la democracia misma, contribuyendo así a tornarla más desequilibrada y vulnerable.
La expresión más acabada de esta crisis es la actuación de los bloques en el parlamento. Sus incoherentes y confusas posiciones y votaciones en ambas cámaras del Congreso llevan a decisiones divididas y contradictorias y en muchos casos a avalar iniciativas y comportamientos gubernamentales reñidos con históricas posiciones partidarias. Muchos de sus integrantes lo hacen actuando de consuno con sus gobernadores, al influjo de las negociaciones de cada gestión provincial con el gobierno central y en detrimento del cometido opositor. Una verdadera feudalización, cuyo resultado es la absoluta pérdida de identidad y representatividad social.
Y cuando hablamos de ejercer la oposición, no se trata de un accionar obstruccionista, sino de aquella de la que siempre hizo gala el radicalismo. La que se practica con lealtad democrática y es plenamente consciente de que el actual presente es hijo de la decepción y el fracaso económico, de la falta de respuesta a la inflación y la pobreza.
Una oposición a la que no resulta necesario convencer sobre las bondades del equilibrio fiscal y el ordenamiento macroeconómico como prioridades absolutas, asumidos desde la óptica que enseñaba Felipe González, al recordarnos que “la diferencia entre la izquierda y la derecha no es el déficit, que siempre es malo, sino la prioridad en el gasto y en la distribución de la carga impositiva”.
Una oposición centrada en la defensa de los valores democráticos y republicanos amenazados, impulsora del diálogo, del disenso democrático y de la diversidad cultural, promotora de cambios estructurales con miras a un país con equilibrio social y oportunidad para todos.
Este desempeño opositor en favor de la defensa y preservación de nuestra democracia desde ya no puede ser alcanzado a expensas del deterioro de la gobernanza fiscal de las provincias administradas por el radicalismo, pero tampoco su sustentabilidad basarse en el desperfilamiento del rol opositor que en el nivel nacional le exige el creciente deterioro democrático en que estamos inmersos.
La UCR, al igual que el país, es una organización federal, cada provincia tiene su propia autonomía en materia de alianzas electorales y vinculación con el poder central, pero el ejercicio de esa autonomía exige materializarla preservando la pertenencia y la identidad de una fuerza política que, además de luchar por el poder, finca su razón de ser en la continuidad y profundización del sistema democrático.
En tiempos sombríos para la democracia, los referentes y dirigentes de este más que centenario partido deberán comprender que ni en nuestra Constitución ni en nuestra cultura existen mecanismos que nos inmunicen contra su degradación. Renunciar al ejercicio opositor afecta primordialmente la vigencia y calidad del sistema político conforme al cual los argentinos decidieron convivir.
(*) El autor fue diputado nacional, secretario parlamentario del H. Senado, y es presidente del Tribunal Nacional de Ética de la UCR.