Javier Milei intentó imponerlo por decreto. El máximo tribunal le tomó juramento a puertas cerradas, pero luego cosechó un contundente rechazo en el Senado.
El gobierno de Javier Milei puso fin finalmente fin este jueves al escándalo que el propio mandatario libertario generó tras designar por decreto, y a espaldas del Senado, a Manuel José García-Mansilla, como miembro de la Corte Suprema de Justicia. El escándalo se magnificó cuando el máximo tribunal, en una proceso a puertas cerradas y sin mayor trámite le tomó juramento al jurista y luego de que el propio García-Mansilla, que había asegurado que jamás aceptaría ser designado en comisión, juró como ministro de la Corte.
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Tras el contundente rechazó del Senado a su pliego y judicialización de su irregular designación, a García-Mansilla no le quedó más remedio que renunciar y el gobierno libertario oficializó este jueves su salida de la Corte Suprema.
Así quedó plasmado en el Decreto 276/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y de su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
En su artículo primero se lee: “Acéptase, a partir del 7 de abril de 2025, la renuncia presentada por el doctor Manuel José García-Mansilla (D.N.I. N° 21.389.235) al cargo de juez dela Corte Suprema de Justicia de la Nación“.
El Senado también rechazó el pliego de Ariel Lijo para integrar el máximo tribunal de justicia quien no llegó a jurar ya que pretendía conservar, por medio de una licencia, su cargo en los tribunales de Comodoro Py.
El gobierno de Milei intentó que, pese a la decisión del Senado, García-Mansilla se mantuviera en el cargo hasta el fin de las sesiones legislativas (en principio, el 30 de noviembre) y él dio señales de que podría intentar esa resistencia, pero finalmente desistió. Fue juez de la Corte Suprema por apenas 39 días.
No obstante, García-Mansilla no solo tenía en contra el rechazo del Senado de su pliego; el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla había dictado, justo después de la sesión en que su designación fue rechazada, una medida cautelar que le impedía por tres meses dictar fallos y tomar decisiones administrativas en la Corte bajo apercibimiento de “sanciones penales y/o pecuniarias”. La cautelar amenazaba también con castigar a todos aquellos que “no cumplieran” con ese “mandato judicial”.