La libertad de Pinto y Amado resalta en un contexto de creciente incertidumbre, ya que los otros líderes de Peta enfrentan complicaciones para cumplir con las fianzas y los pagos legales requeridos por la Justicia.
Mientras la expectación sigue en aumento por los desarrollos en el caso Peta, este fin de semana dos de los líderes más reconocidos de la plataforma, José Carlos Pinto y Sebastián Amado, lograron evitar continuar en prisión. La razón: ambos presentaron la inscripción de vehículos en el Registro de la Propiedad del Automotor, cumpliendo con la exigencia de una fianza de $9.000.000 para obtener su excarcelación.
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Sin embargo, la situación de los demás líderes no es tan favorable. Alejandro Silva Carmona, César Pineda y María Corbalán siguen bajo custodia, ya que no lograron cumplir con el requisito de la fianza dentro del plazo estipulado. Silva Carmona y Corbalán, que se encuentran bajo prisión domiciliaria, podrían ver sus condiciones de detención modificadas si logran reunir el monto requerido, pero la incertidumbre persiste.
Fuentes cercanas al proceso informaron que al menos dos de los acusados protagonizaron conflictos con sus abogados debido a la falta de pago de los honorarios pactados. "Dos abogados renunciaron", confirmó un vocero del caso, revelando que ciertos líderes "olvidaron" los acuerdos previos y se encuentran en serias dificultades económicas para cubrir los costos legales.
Desde su detención en septiembre de 2024, los líderes supremos del esquema piramidal Peta buscaron incansablemente la libertad, que ahora se ve amenazada por los incumplimientos de pago. En un contexto donde se les imputa el haber obtenido millonarias ganancias a costa de miles de usuarios, la situación de cada uno de los líderes parece estar entrelazada con su capacidad para afrontar las demandas económicas impuestas por la Justicia.
A medida que la batalla legal avanza, la presión sobre los involucrados crece. Los voceros de la causa señalaron que, si bien algunos lograron resolver sus diferencias con sus abogados, otros continúan enfrentando fricciones internas que complican aún más su situación legal. La perspectiva de obtener la libertad plena sigue siendo incierta para aquellos que aún no cumplieron con la fianza, lo que agrega más incertidumbre al complicado panorama judicial de la organización.