La medida genera un intenso debate legal y político. El abogado previsionalista Esteban Herrera analizó para Noticiero 7 los fundamentos y posibles consecuencias de esta medida, que ahora deberá ser evaluada por la Corte Suprema.
En medio de la controversia generada por la decisión del presidente Javier Milei de revocar la jubilación de privilegio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el abogado previsionalista Esteban Herrera brindó un análisis jurídico en diálogo con Noticiero 7 sobre las implicancias legales de la medida.
Herrera explicó que, de acuerdo con la ley, una de las causales para extinguir el beneficio de jubilación es el mal desempeño en el ejercicio de la función pública, aunque precisó que esta causal debe estar acompañada de un juicio político y un sumario. "Esto es imposible porque Cristina Kirchner no es presidenta ni vicepresidenta, por lo que ese artículo no puede exigir un juicio político de alguien que ya no está en el poder", señaló.
El abogado hizo una distinción entre el derecho positivo y el derecho natural, argumentando: "Hay que reconocer que existen dos derechos: el positivo, que refiere a lo escrito, lo formal; y el derecho natural, compuesto por la ética, las buenas costumbres, el sentido común y la razón práctica, y que tiene que ser paz y sustento para el derecho positivo".
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Herrera añadió que si una persona recibe una condena por corrupción ratificada en segunda instancia, se puede entender que hubo mal desempeño, lo que en este caso el organismo interpreta como causal para revocar el beneficio.
Sin embargo, resaltó que la ley no establece formalmente la quita de la jubilación por mal desempeño, por lo que anticipó que este punto "se va a discutir". También subrayó que el proceso se encuentra aún en la Corte Suprema, que deberá darle prioridad al caso debido a su trascendencia política y definir si a Fernández de Kirchner le correspondía obtener la jubilación y si el gobierno tiene la potestad de quitársela.
La resolución de la Corte Suprema de Justicia será determinante para aclarar el marco jurídico y político de esta polémica medida.