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Opinión y Actualidad

Cristina y el verdadero problema de las jubilaciones de privilegio

En Argentina hay cerca de 200 regímenes especiales de jubilación, entre ellos el de los expresidentes. Son un 40% de los jubilados, que ganan un 85% más que el promedio de los beneficiarios del régimen general. En plata, implican el 5% del PBI, la mitad de todo el gasto previsional. La propuesta para cambiarlo.

19/11/2024

Por Pablo Vaca
Para Clarín

Sucedió exactamente lo que el Gobierno quería: la decisión de cancelarle la jubilación como expresidenta y la pensión como viuda de un expresidente a Cristina Kirchner atrapó la atención pública. Se trataba de dar un golpe duro montado al golpazo por la ratificación de su condena por corrupción en la causa Vialidad.

Hubo fuertes reacciones de los dos lados, incluyendo, por supuesto, a la protagonista, quien enojadísima calificó de “dictadorzuelo” a Javier Milei, aunque calló frente a la segunda parte de la historia, la que reveló que cobraba un extra de $6.354.000 pesos por haber declarado su domicilio en Río Gallegos, cuando en verdad es vecina porteña desde hace décadas.

El dato de que en noviembre la exvice embolsó en total $35.255.297,73 debe haber sumado varios votos al mileísmo.

La noticia conocida el jueves pasado provocó un daño colateral: tapó un título menos efectista pero en realidad más importante del mismo día. Fue la media sanción del Senado bonaerense para el pedido del gobernador Axel Kicillof de restablecer un régimen especial de jubilaciones a los empleados del Banco Provincia, que otorga el 82% móvil para el cálculo de los haberes de los retirados de esa institución pública y que se había eliminado durante la administración de María Eugenia Vidal.

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Porque puestos a discutir sobre jubilaciones, que Cristina haya cobrado el equivalente a 139 mínimas, que no se entienda por qué Zulema Yoma seguirá recibiendo la pensión de Carlos Menem cuando se divorciaron muchos años antes de que el riojano muriera (e incluso se casara y divorciara de Cecilia Bolocco), o que la hija del dudosamente democrático presidente José María Guido también continúe cobrando una pensión, a los 75 años, justamente por ser “hija de”, son cuestiones que pueden enojar pero no aportan nada al imprescindible y racional debate que los argentinos nos debemos sobre el tema.

Y el debate debe incluir, entre sus puntos centrales, los regímenes de excepción. Porque, como el del Banco Provincia, hay nada menos que unos 200 de ellos en el país. Y más: cerca del 40% de los beneficiarios previsionales en Argentina pertenecen a estos regímenes particulares, con haberes un 85% superiores al promedio del régimen general, según revela un informe realizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

En plata, se llevan un 5% del PBI (Argentina destina alrededor de 10% del mismo a financiar el sistema en general).

Es decir: el 50% del total del gasto previsional les corresponde. Una cuestión fiscal clave.

Es decir: no hay solución para el problema de los jubilados si no se arregla también el problema de los jubilados de excepción.

Como sintetiza Rafael Rofman, economista e investigador principal del Cippec, especialista en seguridad social, “la excepción debería ser excepcional”. En la Argentina, como tantas otras veces, en busca de una solución se agrandó el problema.

Sostiene Rofman: “Es injusto, por ejemplo, que un señor que trabajó en el Banco Provincia tenga una jubilación mucho mejor que la de quien trabajó en otro banco en la otra cuadra, haciendo la misma tarea y por el mismo sueldo”. Agrega: “Tenemos docentes que se jubilan a los 50 años en algunas provincias. En realidad, habría que pagarles mejor y que se jubilen más tarde. El sistema, así, es caro. Argentina gasta mucho más que otros países con niveles similares de envejecimiento”.

Sin embargo, no hay señales de que algo vaya a cambiar, salvo para peor: en el primer semestre de este año se presentaron en el Congreso 15 proyectos creando o ampliando regímenes de excepción.

Justificados o no (recordemos que aquí aparecen los bailarines del Colón, los investigadores científicos, los discapacitados, los ganadores de medallas olímpicas, las fuerzas armadas, los 13 regímenes provinciales especiales, las empleadas domésticas o los estibadores portuarios), son jubilados a los que se les paga más o por más tiempo.

A muchos, como en el caso de los empleados del Banco Provincia, les descuentan un porcentaje mayor al normal como aporte para la jubilación, pero en general es un monto que no alcanza a compensar el mayor costo.

Y como explica Rofman, “aun si se compensara y hubiera superávit habría un problema. Los grupos que deciden ‘asegurarse’ por su cuenta suelen ser los de mayores recursos, por lo que en el sistema general queda la gente con más informalidad, con menos ingresos: la fragmentación genera inequidad, ineficiencia y más costos”.

¿Propuestas?

“Tendríamos que ir a un esquema más limpio, con un ingreso básico universal para todos a partir de cierta edad -dice Rofman-. Algo como la Prestación Universal para el Adulto Mayor que rige hoy, más un beneficio que reconozca los aportes realizados, eliminando el requisito de los 30 años de aportes, que no se cumple. En la Argentina, la tradición indica que debemos tener un esquema que apunte a una cobertura total de los adultos mayores. Hoy tenemos el 95%, no como en Perú o Bolivia, donde se cubre al 25%. Pero que al mismo tiempo sea proporcional a los aportes. El que aportó 40 años debería recibir un beneficio por los 40 años, y el que aportó 6 meses, por los 6 meses”.

Según Rofman, medida en plata, la idea del básico más un proporcional “da algo parecido a lo que cuesta el sistema ahora, se evita inequidad e ineficiencia y al empezar a desarmar las excepciones e integrarlas al régimen general vas a tener un ahorro importante”.

Hay más pendientes, siempre mirando hacia adelante, porque no se pueden afectar los derechos adquiridos. ¿Tiene sentido hoy la diferencia de edad para el retiro entre hombres y mujeres? ¿Tiene sentido seguir con los 65 y 60 años respectivamente cuando, desde que se hizo la reforma de 1994, la expectativa de vida pasó de 71,8 a 78 años? ¿Tienen sentido las pensiones por fallecimiento pensadas para una época en que sólo los señores trabajaban y las señoras se quedaban en la casa dependiendo del salario del marido?

Todas preguntas incómodas. El Gobierno, que se autopercibe fundacional en muchas cuestiones, ha dado algunas señales de que irá también por la reforma previsional. Incluso no se descarta una vuelta a las AFJP menemistas o algo similar. Habrá que ver si lo urgente sigue tapando lo importante.