De los fondos buitres a YPF. Los reclamos van desde el default de 2001 hasta la expropiación de la petrolera estatal. El país ya tiene varias sentencias en contra que están en fase de apelación.
La cuestión de la deuda pública siempre está en la agenda y el foco está puesto en los compromisos con el FMI y los bonistas. Sin embargo, hay otra deuda contingente que también espera a la Argentina: la que se desprende de los juicios iniciados contra el país en tribunales del exterior.
Hay dos escenarios en los litigios: Nueva York es el principal y Londres, el secundario. Los montos que se discuten en la Justicia rozan los US$30.000 millones, según cálculos de Latam Advisors. Además, hay unos US$18.300 millones están en riesgo de ser ejecutados, ya sea porque corresponden a sentencias adversas o a garantías que la Argentina ya depositó.
La estrategia de la Procuración del Tesoro que conduce Rodolfo Barra no se modificó a pesar del cambio de gobierno: dilatar todo lo posible las condenas firmes, incluso si eso significa hacer desembolsos más chicos para pagar las garantías que permiten seguir con las apelaciones. Tampoco se avanzó, hasta ahora, en acuerdos extrajudiciales para intentar cerrar los reclamos.
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La lógica detrás de esa decisión es que la Argentina tiene problemas económicos y de reservas mucho más urgentes que los juicios en el exterior, y ningún gobierno quiere enfrentar el costo político de pagar a los acreedores externos en esa situación. Algunos funcionarios, incluso, temen que un accionar de ese tipo los convierta en objetivo de un juicio político.
Un reporte de Latam Advisors recopiló los juicios contra la Argentina. Los principales, que se mencionan a continuación, la Argentina enfrenta reclamos por US$3775 millones en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Expropiación de YPF
El litigio más importante por la suma de la condena es por la expropiación de YPF. El reclamo es que el Gobierno no le dio un trato igualitario a los accionistas minoritarios de la petrolera al momento de la nacionalización.
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La Argentina tiene una condena que la obliga a pagar US$16.100 millones y se encuentra en proceso de apelación. Sin embargo, como el Gobierno no depositó las garantías antes de seguir con ese recurso, los beneficiarios del fallo están en condiciones de avanzar con embargos de bienes del país. Por lo tanto, el monto total de la sentencia está en condiciones de ser ejecutado.
De todos modos, es difícil embargar a la Argentina porque no tiene activos en el exterior para confiscar, los acreedores recurrieron a varias tácticas para presionar, como intentar probar que otras entidades (como YPF, el Banco Central, el Banco Nación o Arsat) son “alter egos” del país, de modo tal de avanzar con embargos de esas organizaciones.
Holdouts
Un caso de vieja data es el de los holdouts del default de 2001. A pesar de los tres canjes realizados por la Argentina en 2005, 2010 y 2016 por US$9300 millones, todavía hay un remanente de fondos buitre que continúan su reclamo en tribunales internacionales por los bonos que no se pagaron durante la crisis de principios de este siglo. En total, se discute el pago de US$1600 millones y, aunque sigue en proceso judicial, hay US$510 millones que están en condiciones de ejecutarse.
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Nacionalización de Aerolíneas Argentinas
Aunque ahora está nuevamente en discusión la privatización de Aerolíneas Argentinas, en 2008 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la expropió. Por esa maniobra, el país tiene desde 2019 un laudo en contra en el CIADI que fue ratificado por la justicia estadounidense. El pago, teniendo en cuenta los intereses, llegará a los US$390 millones.
Esta semana, los abogados de la Argentina y los del fondo Titan Consortium llegaron a un acuerdo sobre los términos de pago de esa sentencia. Ahora, la justicia de los EE.UU. tiene que publicar la sentencia final, sin pasar por un juicio. Si el país no paga, también se activará el proceso de embargos en esta causa.
Cupón PBI
La causa por al cupón PBI tiene cuatro procesos judiciales. El reclamo de base es que el país dejó de publicar el dato de PBI del último trimestre de 2013, cambió la fórmula y dijo que el crecimiento anual fue de 3,2%, justo debajo del 3,3% que gatillaba el pago de esos bonos.
Había una versión del cupón PBI en euros y por eso hay una causa que se tramitó en Londres. Allí, la Argentina ya tiene una condena firme que la obliga a pagar US$1450 millones más intereses por la manipulación de estadísticas.
Antes de que se confirmara el fallo, el país había depositado más de US$300 millones como garantía para avanzar con la apelación. El 21 de noviembre vence el plazo para que el país pague la sentencia completa y, si no lo hace, los acreedores ejecutarán ese monto.
Por las versiones en dólares del cupón PBI hay tres causas abiertas en la justicia de los Estados Unidos. El fondo Aurelius Capital presentó una demanda por US$450 millones en 2019, pero la jueza Loretta Preska falló a favor de la Argentina y desestimó la causa por un tecnicismo, pero nunca se expidió sobre la cuestión de fondo. Actualmente, los fondos están apelando esa decisión.
Además, Aurelius Capital inició otros dos reclamos por este tema en 2023 y 2024, con reclamos por US$6000 millones y US$1500 millones, respectivamente. Los demandantes reclaman sumar otros años al juicio sobre el pago del cupón PBI porque aseguran que si la Argentina no hubiera modificado el método de cálculo del crecimiento, hubiera tenido que pagar los intereses de los cupones en los períodos que van de 2014 a 2018, así como en 2021 y 2022.