Algunas consideraciones necesarias, a raíz de las repercusiones que tuvo el desplazamiento de la canciller Diana Mondino con motivo del voto argentino en la ONU.
Por Eduardo Menem
Para Clarín
A raíz de las repercusiones que tuvo el desplazamiento de la canciller Diana Mondino con motivo del voto argentino en contra del embargo o bloqueo económico a Cuba, ordenado por los EEUU hace muchos años, considero oportuno formular algunas reflexiones al respecto sin entrar en posiciones de carácter político.
En primer término debo manifestar que, desde mi punto de vista, la iniciativa y la prolongación de dicho embargo económico a Cuba, constituye uno de los mayores fracasos de la política exterior estadounidense, toda vez esa medida fue adoptada para democratizar el gobierno de la isla que había instaurado el régimen comunista desde la revolución encabezada por Fidel Castro, sin conseguir ningún resultado positivo en ese sentido hasta el presente.
El embargo estadounidense a Cuba tuvo como antecedente a la Ley Torricelli, del año 1992, complementada por la ley conocida como Helms-Burton en virtud de la cual los efectos punitorios de dicha medida se extendían a los países o personas de cualquier parte del mundo que mantuvieran relaciones comerciales con la isla. Es decir que a dicha la ley se le atribuyeron efectos extraterritoriales.
La medidas establecidas por la ley Helms-Burton fueron repudiadas por sendas declaraciones de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de la República Argentina, por el Parlamento Latinoamericano, el Grupo de Río, la VI Cumbre Iberoamericana, la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA) y hasta por México y Canadá, pese a ser socios de los Estados Unidos en la Asociación de Libre Comercio (NAFTA)
Atendiendo a sugerencias del Parlamento Latinoamericano a todos los países miembros para que presenten iniciativas tendientes a evitar los efectos extraterritoriales de la ley Helms-Burton en sus respectivos territorios, presenté en el Senado de la Nación un proyecto de ley de mi autoría con esos fines, siendo aprobado por éste y posteriormente por la Cámara de Diputados, sancionándose como ley 24.871 el 20 de agosto de 1997.
En la ley mencionada se dispone que no sean aplicables ni generarán efectos jurídicos de ninguna especie en el territorio nacional las leyes extranjeras que, directa o indirectamente tengan por objeto restringir o impedir el libre ejercicio del comercio y la libre circulación de capitales bienes o personas en detrimento de un país o un grupo de países.
Asimismo establece que serán absolutamente inaplicables y carentes de efectos jurídicos las leyes extranjeras que pretendan generar efectos extraterritoriales a través de la imposición de bloqueo económico, la limitación de inversiones en un determinado país, o la restricción a la circulación de personas, bienes, servicios o capitales para provocar el cambio de la forma de gobierno de un país o para afectar su derecho a la libre autodeterminación.
Si bien la ley 24.871 no hace referencia concreta al embargo norteamericano a Cuba, no caben dudas de que fue ideada y sancionada para evitar los efectos extraterritoriales de la ley Helms-Burton en nuestro país.
Teniendo en cuenta que estas normas restrictivas fueron sancionadas en EEUU durante el gobierno del presidente Menem en la década de los 90, debo señalar que la decisión adoptada por el mismo fue la de votar en contra del embargo por las siguientes razones: 1º) porque en definitiva los efectos del bloqueo afectan directa o indirectamente al pueblo cubano, que además de sufrir las penurias de la dictadura, padecen la falta de alimentos, remedios, etc.; 2º) porque la dictadura cubana invoca el embargo como pretexto para cubrir el fracaso económico del régimen comunista y 3º) porque pese al largo tiempo transcurrido, la medida no ha producido ninguno de los efectos declarados para adoptarla, ya que la dictadura sigue incólume.
Esta actitud del gobierno del presidente Menem, además de desmentir totalmente la acusación del alineamiento automático con los EEUU, no impidió que en la ONU la Argentina apoyara las votaciones contra Cuba por la violación de los derechos humanos y de la democracia.