La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) lo descubrió después de un nuevo entrecruzamiento de datos. A estos se suman los 331 prófugos de la justicia que percibían el mismo beneficio.
En un Nuevo operativo llevado adelante por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se detectó que 212 personas presas cobraban de manera irregular una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. Este hallazgo se produjo tras un cruce de datos con el Servicio Penitenciario Federal, revelando que estos beneficiarios se encontraban en situaciones judiciales incompatibles con el cobro de dicho beneficio.
El 85% de esas pensiones a presos fueron otorgadas en los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. El 15% en el de Mauricio Macri, según surge del relevamiento de La Libertad Avanza al que accedió este medio.
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La investigación de la ANDIS, a cargo de Diego Spagnuolo, forma parte de las auditorías que lleva adelante el organismo, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, para “transparentar el uso de los recursos públicos, asegurando que las pensiones lleguen a quienes realmente las necesitan”, en palabras del titular de la ANDIS.
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El anuncio que realizó en su conferencia de prensa diaria el portavoz presidencial, Manuel Adorni, se suma a un operativo anterior en el que se identificó a 331 prófugos de la justicia que también estaban recibiendo pensiones de manera indebida. De estos, 33 fueron puestos a disposición de la justicia y 14 fueron capturados en un solo operativo. Uno de ellos tenía ocho causas.
El dato de los prófugos y presos que cobraban el beneficio que otorga el Ministerio de Salud, a través de la ANDIS, surgió a partir de las auditorías sobre las más de 1.250.000 personas beneficiadas con pensiones no contributivas por discapacidad laboral impulsadas por Spagnuolo.
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El cruce de datos realizado por la ANDIS abarcó todo el país, y la cifra de beneficiarios irregulares podría aumentar, ya que cada jurisdicción provincial cuenta con sus propios registros de personas procesadas y condenadas. Como resultado de esta auditoría, se procedió a dar de baja a estos beneficiarios, con el objetivo de devolver esos recursos a los contribuyentes y mejorar la eficiencia del Estado.
Entre los casos más destacados de irregularidades se encuentra el de un hombre de 40 años de La Matanza, quien recibió su pensión apenas tres días después de iniciar el trámite, a pesar de que su auditoría médica fue desfavorable. Otro caso similar involucra a un hombre de 41 años de Quilmes, quien obtuvo su pensión en un tiempo récord de seis días, a pesar de estar cumpliendo prisión domiciliaria.
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La ANDIS ha reafirmado su compromiso de asegurar que los recursos públicos sean destinados a quienes realmente los necesitan, y este operativo es un ejemplo de la importancia de la vigilancia para prevenir el fraude y el abuso del sistema. “La situación actual exige una respuesta contundente para proteger el dinero de los contribuyentes”, afirmaron desde la Casa Rosada.
Los primeros distritos en ser auditados son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Las auditorías -en pleno proceso- ya revelan “un esquema de corrupción a través del cual se desvían fondos estimados entre 1.200 y 2.000 millones de dólares al año”, según la evaluación que realizó el abogado Spagnuolo.
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“Los parásitos cayeron en su propia trampa”, dijo Adorni el 25 de octubre, fecha en que reveló el número de prófugos detenido al ser citados por la ANDIS para ser auditados, un proceso de validación de datos que puso en marcha Spagnuolo. “Lo particular de estos parásitos es que cayeron en su propia trampa. Después de identificar que cobraban pensiones se los citó con la excusa de auditar esas pensiones y allí fueron atrapados por la policía. Además se les dio de baja el ingreso que cobraban del Estado Nacional y que financiaban injustamente todos los argentinos de bien con sus impuestos”, destacó el vocero presidencial.
Según pudo saber Infobae a través de funcionarios de la ANDIS, “los resultados de la primera etapa de la auditoría realizada en la Ciudad de Buenos Aires son inquietantes”. Del corte de los 10.000 beneficiarios contactados, el 33% “no pudo ser localizado en los domicilios indicados”, un hecho que, según se lee en las planillas, “plantea serias dudas sobre la veracidad de sus declaraciones”.
De los pensionados auditados hasta ahora, el 57% “no cumple con los requisitos establecidos”. Es decir, de los 9.336 beneficiarios seleccionados al azar para ser auditados, solo 1.063, apenas el 17%, tuvieron un “resultado positivo”. Por ejemplo, el certificado médico a través del cual se había iniciado el trámite para obtener el beneficio, era compatible con su dolencia, entre otros aspectos.
En tanto, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata, el 21% de los beneficiarios no pudieron ser localizados y de los que asistieron a la revisión apenas “el 20% cumplía con todos los requisitos exigidos por la normativa”. El 80% restante “no cumple con los requisitos como tener una discapacidad, o no tener un empleo” y de ese total “el 13% carecía de la documentación necesaria”.
Hay casos que, para las autoridades de la ANDIS “son los más alarmantes” y, según Spagnuolo, forman parte del “negocio de la discapacidad”.
Entre ellos destacan:
Un hombre tenía cuatro diagnósticos de salud diferentes y a la citación para ser revisado por el médico auditor “asistió acompañado de un abogado”.
Había beneficiarios -no se especifica la cantidad- que tenían la documentación incompleta o cuyo diagnóstico clínico era falso y adujeron que recibieron la pensión no contributiva porque “estaban respaldados por representantes del Movimiento Evita”. Alguno de ellos también estaba acompañado por un abogado.
En otro caso, en vez del beneficiario a la auditoría, llego su hijo. Cuando se le preguntó por el titular del beneficio, reconoció que su padre “vive en Egipto desde hace meses” y que él cobra la pensión.
Una mujer que intentó hacerse pasar por su marido fallecido, cuya muerte no estaba registrada en los sistemas del Estado. Intentó convencer a los auditores que por un “error” se habían traspapelado los nombres.
Dos personas beneficiadas cumplían condena desde antes de haber recibido el beneficio. Una de ellas asistió a la auditoría a pesar de estar “cumpliendo arresto domiciliario” y sin haber avisado a las autoridades judiciales. En el segundo caso, se presentó un familiar porque estaba cumpliendo condena en un penal. Ambos recibieron el beneficio de manera exprés en 13 días. Fue otorgado pocos días antes del 10 de diciembre de 2023.
El vocero presidencial Manuel Adorni informó que un expediente se había iniciado con un diagnóstico en el que como prueba documental se incorporó la foto de un perro.
Nuevos requisitos
El Gobierno de La Libertad Avanza, a través de la ANDIS publicó en el Boletín Oficial el Decreto 843/2024, en el que se dispone una batería de cambios para “acceder y mantener” la Pensión “No Contributiva por Invalidez Laboral”, con el propósito de ordenar los criterios de acceso y dar fin a un sistema que utilizó los recursos del Estado para el clientelismo político, perjudicando a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad “sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, e imposibilitada para trabajar”. Con la nueva normativa, el Ministerio de Salud, del cual depende la ANDIS, dio marcha atrás con las “flexibilizaciones” introducidas por el gobierno de Alberto Fernández en 2023, y que, según la interpretación de la Casa Rosada, dio lugar a “usos y abusos” que permitieron otorgar ese beneficio —que puede llegar a un máximo del 70% de una jubilación mínima— a personas que no tenían ningún tipo de dolencia.
Según el decreto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ex ministro de Salud Mario Antonio Russo, -fue reemplazado por Mario Lugones- la nueva normativa “representa un esfuerzo significativo del gobierno por restaurar la confianza en el sistema de pensiones y garantizar que los recursos lleguen a aquellos que realmente los necesitan”.
La nueva norma establece que solo aquellas personas imposibilitadas para trabajar en forma total y permanente, en situación de vulnerabilidad socioeconómica y sin vínculo laboral formal podrán acceder a la pensión. Para las autoridades de la ANDIS: “Esta medida es crucial para combatir el fraude y asegurar que los recursos lleguen a quienes verdaderamente los necesitan, en un esfuerzo por mantener la integridad del sistema”. A partir del decreto publicado, los solicitantes de pensiones no contributivas en Argentina deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Es necesario presentar el Documento Nacional de Identidad y demostrar residencia en el país. Para naturalizados, se exige una residencia mínima de tres años; para extranjeros, diez años. Si el solicitante es menor de 18 años, sus padres deben tener tres años de residencia.
No se permite tener empleo formal ni ser titular de otras prestaciones. Para menores de edad, no debe haber parientes con obligación legal de alimentarlos, a menos que estén imposibilitados de hacerlo. También se excluye la posibilidad de contar con cónyuges o parientes que puedan brindar atención alimentaria con ingresos suficientes.
Las pensiones no son compatibles con la titularidad de bienes. La Agencia Nacional de Discapacidad determinará los criterios socioeconómicos necesarios para verificar este requisito.
Los titulares de pensiones no pueden estar detenidos ni a disposición de la justicia.
“En un contexto de austeridad fiscal”, desde La Libertad Avanza se enfatiza en “la necesidad de administrar eficientemente los recursos públicos”. Y destacan: “Esta estrategia no solo busca mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad y con una situación de salud desfavorable, sino también garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo”.
Desde la publicación de la nueva normativa y las disposiciones de la autoridades de La Libertad Avanza, las pensiones estarán sujetas a revisiones médicas y socioeconómicas. Para Spagnuolo: “Este enfoque proactivo permitirá identificar y corregir irregularidades, asegurando que los fondos se utilicen de manera adecuada y que las personas que realmente requieren apoyo reciban la atención que necesitan”.