Los sindicatos tendrán que mostrar un plan de trabajo para que la compañía opere sin conflictos. Caso contrario, el Ejecutivo pedirá el Plan Preventivo de Crisis.
En medio de otro día de caos, demoras y cancelaciones en Aeroparque y Ezeiza, el Gobierno le lanzó un ultimátum a los gremios aeronáuticos: si para el viernes no presentan un plan para que Aerolíneas Argentinas funcione sin conflictos, Javier Milei pedirá que la compañía entre en un Plan Preventivo de Crisis que derive en su cierre definitivo.
La propuesta de los sindicatos deberá ser del “agrado” del Presidente porque, caso contrario, tomó la decisión de avanzar con el cierre de la empresa aérea estatal. Las imágenes de los pasajeros retenidos dentro de los aviones de otras compañías privadas fastidió al jefe de Estado, que le ordenó a su equipo que le transmita ese mensaje a los sindicalistas.
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El proceso preventivo de crisis es un mecanismo que está legislado, funciona en la órbita del Ministerio de Trabajo y es obligatorio para que una empresa deje de funcionar. “El cierre no va a ser de un día para el otro, porque hay pasajeros y responsabilidades, pero el presidente espera que haya un plan serio para que los pasajeros no sigan siendo rehenes”, explicaron las fuentes.
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Este miércoles, una sorpresiva asamblea de los trabajadores de Intercargo paralizó el funcionamiento de Aeroparque y Ezeiza y dejó a miles de pasajeros varados. La medida de fuerza, explicaron, es por el despido de un trabajador. En Partidas dejaron de despachar valijas y en Arribos bajaron pasajeros pero no las valijas.
La empresa Intercargo es una de las empresas del Estado, al igual que Aerolíneas Argentinas. Los gremios de ambos están en conflicto abierto con la administración de Javier Milei, por la decisión tomada de racionalizar su funcionamiento y frenar las pérdidas, que demanda multimillonarios aportes de fondos públicos en dólares para mantenerlas abiertas.
El presidente Milei durante la campaña había planteado que estaba dispuesta a cederla a los empleados o directamente a cerrarla. Cuando empezó a escalar la conflictividad, la primera reacción que tuvo la Casa Rosada fue activar contactos con empresas del sector para testear qué interés podría haber para comprar el paquete accionario. Hubo charlas con aerolíneas de la región, pero las respuestas obtenidas no convencieron al Gobierno.
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Así fue que llegó la situación de extrema tensión a este miércoles, cuando por un despido de Intercargo se generó un caos en el Aeroparque Metropolitano que provocó fuerte malestar en el presidente. “Si no le convence al presidente lo que presentan los gremios el viernes, se va a tomar la decisión de cerrar la empresa”, transmitieron fuentes oficiales.
Los gremios aeronáuticos aceptaron reunirse con las autoridades de Aerolíneas Argentinas para descomprimir la situación. Todavía no está definido el horario ni el lugar.
Un conflicto en escalada
“La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) informa que la empresa Intercargo decidió despedir arbitrariamente y sin causa a un trabajador de la base Aeroparque. Exigimos de forma urgente su ilegítima reincorporación. Advertimos que puede haber demoras por reuniones informativas. No vamos a permitir este tipo de provocaciones, menos aún en medio de la irresponsabilidad de Fernando Montes, Presidente de Intercargo, y sus gerentes frente a una paritaria interrumpida intencionalmente para perjudicar económicamente al conjunto de trabajadores/as de Intercargo”, señaló el gremio en un comunicado.
En este contexto, primero el Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, presentó una denuncia contra los sindicalistas por secuestro de personas. Y como segunda medida, ante el hartazgo de los reiterados conflictos, decidió lanzar el ultimátum hasta el viernes y tomar la drástica decisión de cerrar la aerolínea de bandera si no hay una propuesta de funcionamiento sustentable.
La presentación judicial fue realizada por el organismo que encabeza Patricia Bullrich en el Juzgado 11, a cargo del juez Julián Ercolini. Es contra miembros de APA y de la firma Intercargo S.A.U. por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad, extorsión y entorpecimiento del transporte aéreo.