El documento difundido por la diputada libertaria “fija en veinticinco años el plazo máximo de duración de un proceso penal” y establece que, “vencido el mismo, operará la extinción por insubsistencia de la acción”.
Tras la difusión de los chats sobre la visita de diputados libertarios a genocidas, la legisladora nacional por La Libertad Avanza Lourdes Arrieta publicó un supuesto decreto que fija un tope al plazo para condenar a los represores.
“Ahora pongo a disposición los proyectos de ley y el decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de WhatsApp (diputados de LLA), para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas”, dijo en un mensaje en la red social X (antes Twitter).
El documento difundido por la diputada libertaria “fija en veinticinco años el plazo máximo de duración de un proceso penal” y establece que, “vencido el mismo, operará la extinción por insubsistencia de la acción”.
“El término deberá ser contado desde la fecha de comisión del delito y su cómputo se verá interrumpido en caso de que la Nación sufra la interrupción de la vida democrática mediante la ilegal deposición de las autoridades de sus tres poderes”, dice el texto en otro pasaje muy polémico.
En el artículo dos del presunto decreto se afirma que “la garantía no operará en favor de las personas que se encuentren prófugas de la Justicia o hayan sido declaradas rebeldes en los procesos de que se trate al momento de la sanción de la presente”.
También propone “crear en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación el Observatorio Estadístico de Duración de los Procesos Penales, el cual se nutrirá de los datos de entrada y resolución de cada expediente en los Juzgados, Cámaras de Apelaciones y Tribunales Orales Federales y Nacionales, y brindará un informe anual estadístico pormenorizado para conocimiento y ayuda en la labor la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura”.