Se trata de un ginecólogo salteño condenado en la vecina provincia por abuso sexual simple e inhabilitado.
Una tormenta de cruces produjo la denuncia de una agrupación feminista de Cinco Saltos, provincia de Río Negro, que develó que el Estado provincial había contratado los servicios médicos públicos de un profesional denunciado y condenado por abusos sexuales en la provincia de Salta.
En ese contexto, el director de gestión hospitalaria aseguró que los antecedentes penales del ginecólogo salteño no saltaron en el registro nacional.
Se trata del ginecólogo Rafael D. O., quien ejerció en tres localidades rionegrinas hasta la publicación de su historial.
El hospital Accame, de la localidad de Allen, es uno de los nosocomios donde se desempeña Orellana.
La agrupación feminista de Cinco Saltos denunció a la directora del hospital de esa ciudad, Susana Marezi, y al director de gestión hospitalaria de Río Negro, Daniel Aroca, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y las denuncias tienen fundamento en la contratación de un médico que tenía una condena por abuso sexual simple en Salta. Rafael D. O. es médico ginecólogo e ingresó al sistema de salud pública en noviembre del año pasado. Tanto Marezi como Aroca aseguran que el médico ingresó al sistema de salud pública de Río Negro en condiciones, es decir dentro de las exigencias que tiene la provincia, y no había ningún impedimento para que cumpla funciones.
Hospital de Cinco Saltos
Aroca explicó los pasos para el ingreso y aseguró que el ginecólogo cumplió con los requisitos. Para ser profesional de salud de Río Negro se solicitan certificados de antecedentes policiales de la provincia, otro igual pero a nivel nacional y también se solicita el certificado de ética provincial donde haya ejercido por última vez, en este caso de Salta.
Orellana fue condenado en septiembre de 2018. La causa se inició tras la denuncia de una mujer que había concurrido al CIC (Centro Integral Comunitario) del barrio Unión para una consulta con el ginecólogo. Al ser atendida por Orellana, mientras le realizaba un PAP, la sometía a tocamientos con claras intenciones sexuales.
"Todos esos requisitos han sido presentados en el momento en el que se postuló y estaban normales", indicó Aroca.
La Justicia salteña lo condenó en 2018 por el delito de abuso sexual simple a la pena de 11 meses de prisión en suspenso. Además, lo inhabilitó por dos años para ejercer la profesión. Tanto Marezi como Aroca aseguraron desconocer este hecho y que tomaron conocimiento cuando tomó estado público en Cinco Saltos.
"Yo me enteré el viernes pasado y tuve una reunión el lunes con él donde presentó su renuncia indeclinable", explicó la directora del centro de salud
Hoy, la legisladora provincial por el FpV, Carina Pita, denunció por el mismo delito al ministro de Salud, Fabián Zgaib. "Por lo dictado en la sentencia judicial, esta persona no podría ejercer la medicina por inhabilitación y estar incluido en el registro nacional de datos genéticos por delitos de índole sexual", argumentó.
Fuente: diario El Tribuno.