Los hechos habrían ocurrido entre marzo de 2017 y julio de este año. Durante ese período se habrían desmantelado varios automotores.
Los jefes iban seguido al depósito. Uno de ellos estaba pendiente de los autos que ingresaban. Los revisaba para ver cómo se podía beneficiar”. Eso fue lo que declaró uno de los testigos en la causa en la que se investiga a cinco policías de la Departamental Río Segundo por el presunto robo de repuestos y autopartes de vehículos alojados en el depósito judicial.
Según la investigación, a cargo de la fiscal de instrucción Patricia Baulies, que acaba de enviar el caso a juicio, los hechos habrían ocurrido entre marzo de 2017 y julio de este año. Durante ese período se habrían desmantelado varios automotores. Hay unos 300 en ese depósito.
Todo empezó con la denuncia de un particular, aparentemente damnificado. De la instrucción se desprende que se seleccionaron de manera aleatoria 10 vehículos y se detectaron faltantes en siete de ellos. “De ningún modo se puede descartar que hayan sido más los autos desmantelados”, se dejó asentado en el documento judicial.
Una Renault Kangoo, un Volkswagen Gol y un Fiat Palio son algunos de los rodados desmantelados. Faltan radiadores, bombas de freno, cajas de velocidad, ruedas, asientos, embragues, cinturones de seguridad, parlantes, comandos de calefacción y de aire acondicionado y manijas de puertas, entre otros elementos.
Parte de esas piezas habría sido comercializada. Otras, se presume, habrían sido colocadas en algunos patrulleros, aunque esto último no pudo probarse hasta ahora, según fuentes judiciales.
Para el perito que participó de la instrucción, se trata de piezas de un considerable valor en el mercado y de rápida comercialización.
Y aclaró que la mayoría de los faltantes no se deben a roturas o a pérdidas en los siniestros que protagonizaron los vehículos que terminaron por ser secuestrados. De esto se puede inferir que las piezas fueron extraídas en el depósito.
Los acusados por peculado continuado son el comisario inspector Jorge López, quien estuvo a cargo de la Unidad Regional Departamental de Río Segundo; el comisario inspector Marcelo Larrey, jefe de zona; el subcomisario Alfredo Assolini, jefe de la patrulla preventiva Pilar-Río Segundo; el cabo primero Antonio Gelso, que cumplió funciones en el depósito, y el agente Samuel Clavero. Todos, menos este último, que presta servicio en la comisaría de Toledo, fueron licenciados por el caso.
En una primera instancia, los acusados desconocieron y negaron los hechos y se abstuvieron de seguir declarando. Con el avance de la causa, dijeron que en la Policía no cuentan con las herramientas necesarias para extraer los repuestos y las autopartes que figuran en el expediente.
En ese sentido, un testigo apuntó que uno de los sospechosos llevaba herramientas de su casa.
Además, algunos de los acusados dijeron no conocer a los mecánicos aludidos en la causa. Y agregaron que parte de los repuestos utilizados en los patrulleros era aportada por los municipios.
Operación desguace
Para la investigación, algunos de los acusados se encargaban de extraer las piezas que luego, y mediante la intermediación de otros dos acusados, eran entregadas o vendidas a dos mecánicos de Laguna Larga para su posterior comercialización.
Según la declaración de uno de los testigos, los mecánicos llegaban al depósito y sacaban lo que necesitaban, siempre con la autorización de los jefes.
Para que el faltante no constara en los libros, a varios vehículos que llegaban no se les daba ingreso, según declaró otro de los testigos. “El trabajo era muy desordenado. A veces no se les daba ingreso a los vehículos por no contar con los datos”, explicó.
Otra persona aseguró que en una ocasión escuchó una discusión entre uno de los acusados y el mecánico. “Pará, viejo, sé cómo es esto, el reparto de la torta tiene que ser parejo para los dos”, se habrían reprochado.
“Se desmantelaban vehículos”, aseguró este testigo que durante un tiempo prestó servicios en el taller. Y agregó que en una ocasión uno de los jefes le pidió que le consiguiera un estéreo. Tras ese hecho fue retirado del taller y enviado a la patrulla.
Este no habría sido el único caso. Otros dos encargados del taller contaron que fueron sacados “intempestivamente” después de preguntar sobre la supuesta sustracción de repuestos.
Siempre según la causa, uno de los policías declaró que en varias ocasiones se llegaron personas al depósito a comprar repuestos. Algunos de los efectivos se habrían encargado de aclararles que se trataba de un depósito judicial y no de una chacarita.
Uno de los que trabajaron en el taller contó, además, que los jefes llevaban sus vehículos particulares para que se los revisaran.
López y Larrey están acusados también de peculado y de robo calificado, respectivamente.
Fuente: La Voz.