El fiscal Sebastián Scalera presentó el escrito con la apelación al rechazo de la prisión preventiva del dirigente sindical. Acusa al magistrado de actuar con “parcialidad”.
El fiscal Sebastián Scalera reiteró este martes el pedido de detención de Pablo Moyano, al apelar el rechazo de la semana pasada del juez Luis Carzoglio, y lo llamó a indagatoria, aunque aún resta fijar la fecha. En simultáneo, presentó la recusación del magistrado, sosteniendo que hay riesgo de parcialidad en su proceder.
La Fiscalía sostiene que existió una asociación ilícita de la cual el jefe sería Pablo Moyano, que se dedicó a “defraudar al club Independiente mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas y protocolos de acceso a los espectáculos deportivos”, todo esto, sin ingresar al patrimonio de la institución los ingresos correspondientes a esas entradas.
El funcionamiento de esta estructura, según la investigación, no podía escapar de la responsabilidad y conocimiento como principal autoridad de la institución deportiva de Hugo Moyano y del jefe de la organización, su hijo Pablo. En el dictamen donde solicitó la detención del hijo del líder de Camioneros, el fiscal indicó que no se puede concebir la idea de que los barrabravas podían actuar aisladamente convirtiendo a la dirigencia deportiva en “simples extorsionados”.
En el escrito se detalló: “Ese grupo de sujetos violentos obtiene determinados beneficios del club Independiente (entradas, protocolos, cuotas sociales, ingreso a estadio, viajes, etc) que permiten la conservación de la estructura ilícita y su constante actividad al margen de la ley”.
El representante del Ministerio Público Fiscal fue más allá y concluyó que la obtención de dichos beneficios “jamás podrían desarrollarse sin la connivencia, autorización o beneplácito de las autoridades dirigenciales superiores del club”.
Así, entendió que no puede soslayarse la “responsabilidad, rol e intervención” en la toma de decisiones de Pablo Moyano.
Entre las pruebas citadas por el Fiscal se encuentran una serie de transcripciones de conversaciones telefónicas que dio a conocer Clarín y que se adjuntaron recientemente en la causa. Scalera planteó en su apelación que las escuchas telefónicas entre los barrabravas del club, analizadas en la causa, “se invoca claramente a Moyano dando consentimiento en muchas acciones”. Una fuente de la causa planteó que “esto fue descartado por el juez y hasta naturalizada la relación de la dirigencia con los barrabravas, y se usaron fondos del club”.
El reiterado pedido de detención del fiscal se basa en pruebas ya citadas que incluyen su supuesta vinculación con una cuenta que el club tiene en Liechtenstein, por la que pasaron US$ 30 millones.
Hugo Moyano asumió la presidencia de Independiente en julio del 2014 y la cuenta había sido abierta por su antecesor, Javier Cantero, aunque según la Unidad de Información Financiera, no fue aún declarada legalmente ante la AFIP, lo que incrimina a los Moyano.
Parte del dinero por la compra y venta de jugadores venía de esa cuenta y pasaba por el fideicomiso Arístides y una mesa de dinero que manejaba "Pablo Fernández, un empresario gastronómico", según la UIF. Scalera no investiga a Pablo por lavado de dinero porque es un delito que le corresponde a la Justicia Federal.
En la causa, que estuvo hasta comienzos de este año en manos del juez Gabriel Vitale, se investiga una presunta asociación ilícita, encabezada por Moyano hijo y el barrabrava de Independiente Pablo “Bebote” Álvarez, quien se encuentra detenido. El barra declaró ante Vitale cómo lograban conseguir las entradas de protocolo para los partidos y complicó a Pablo Moyano. Además, habló de operaciones de lavado en la compra y venta de jugadores. La Justicia sostiene que el hijo del líder de Camioneros “no desconocía las operaciones y era quien impartía las órdenes”.
Recusación
El fiscal Scalera también recusó al juez Carzoglio. A partir de la conferencia de prensa que dio el magistrado la semana pasada, cuando dio a conocer su decisión de no detener a Pablo Moyano junto a otras circunstancias, “se entiende que surgen motivos para su recusación", ya que Carzoglio “hizo públicos datos sensibles de la causa”. Se trata de un listado de 12 domicilios que el Fiscal había solicitado que sean allanados.
Entre otros aspectos, Scalera señaló que el juez “manifestó (a la prensa) que los fundamentos de su decisión estaban en la resolución que iba a distribuir en ese momento, circunstancia que se concretó. Entendemos que es grave en cuanto a la afectación de la imparcialidad. En la resolución de él como en el pedido nuestro había datos sensibles en cuanto a medidas de prueba".