Lo solicitó Alvaro Garganta, que además dispuso que al excandidato a presidente se lo inhiba por 180 millones de pesos.
El fiscal Alvaro Garganta, de La Plata, pidió a la jueza Marcela Garmendia que ordene la inhibición de bienes por 180 millones de pesos y la prohibición de salir del país para el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, en el marco de la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la adjudicación de obra pública.
La medida también fue pedida por el titular de la UFI 11 contra el empresario Ricardo Estanislao Miller, dueño de la firma Building Internacional SA, investigado por esas maniobras ilegales con el erario público y de supuestas operaciones inmobiliarias ilegales ligadas al ex gobernador, a modo de retorno por la adjudicación de esas obras.
Este jueves, el diputado nacional y ex candidato presidencial compareció en los tribunales platenses para una indagatoria. En cumplimiento del trámite presentó un escrito con argumentos de fechas, documentación, y otros elementos respaldatorios para confrontar los cargos que le atribuye Garganta. Scioli está imputado y procesado en la causa por violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con esa función y tráfico de influencias.
La Justicia provincial trata de establecer un presunto negociado entre el acusado con contratos de obra pública por 117 millones de pesos a la concesionaria, Miller Building que, además alquilaba un predio en Villa La Ñata -la quinta en el Tigre habitada por Scioli-, como parte de presunta devolución de “favores” por esas operaciones, entre ellas la construcción de Unidades de Pronta Atención (UPAs) en la Provincia.
En el descargo Scioli aportó esta explicación: “Nunca influí sobre ningún funcionario, y menos aún para que adjudicara indebidamente obras públicas”. Un día antes, el ex ministro de Salud bonaerense, Alejandro Collia –en el mandato sciolista- también desconoció las imputaciones de Garganta. Collía integra la lista de procesados por este expediente.
Según el actual legislador de Unidad Ciudadana, nunca recibió “dádivas”. “Ni de ese proveedor (Miller) ni de ninguna otra persona”, de acuerdo con sus dichos en la fiscalía.
En estos días, completada la parte de instrucción, la causa será elevada para el juicio oral.
Garganta sostiene que Ricardo Miller, dueño de la empresa que construyó las nueve Unidades de Pronta Atención con fondos del Estado provincial, participó activamente en los retornos millonarios. La fiscalía insiste en que Scioli y Miller tenían una relación próxima facilitadora de la maniobra delictiva.
“Scioli mantenía una relación personal y comercial con Ricardo Miller antes, durante y aun después que el empresario fue beneficiado irregularmente con el otorgamiento de las obras públicas”, resulta la acusación de la UIF 11.
“Es absurdo e infundado calificar de ‘especial’ el conocimiento que tenía con el mencionado empresario, vinculación que era similar a la que tenía con decenas de otros empresarios y proveedores de la Provincia”, se defendió Scioli. “La empresa tuvo menos del 1% de las contrataciones, lo que desmiente todo favoritismo”, completó la defensa.
El pedido de la inhibición de bienes ya tiene antecedentes en otras causas que involucran a Scioli. Hace algunos meses se determinó igual medida contra el ex jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, por 15 millones de pesos y la prohibición para salir del país. Fue por el delito de "lavado de activos", mediante la emisión de facturas apócrifas en el período hasta 2015.
Incluyó al ex subsecretario administrativo, Walter Carbone, de notoriedad repentina durante un operativo en su casa del country Abril cuando los investigadores detectaron, en el parque, una escultura metálica de un dragón alado con caja de seguridad en su vientre ferroso.
Por cuerda separada, pero en la misma trama de aparente corruptela con fondos del Estado, quedó inhibido el ex titular de IOMA Antonio La Scaleia y otros diez ex funcionarios de la obra social estatal. Fue por 650 millones de pesos y prohibición de salir del país. Involucra a otros imputados en la misma causa.
Son las denominadas “cajas negras” (IOMA, Lotería, ABSA, Jefatura de Gabinete) que denunció en 2016 la diputada Elisa Carrió (CC) y que disparó legalmente las investigaciones judiciales.